Califican de montaje allanamiento realizado en tierras deforestadas de Raúl A. Oviedo

• Denuncian un supuesto montaje de intervención por parte del Ministerio Público realizado el pasado jueves 20 de octubre.

• Una comitiva fiscal, policial y de técnicos del Infona habrían ingresado por escasos minutos a las tierras de Pedro Carlos Anciaux, no hallando a los responsables del salvaje desmonte.

A pesar de una denuncia presentada, en el pasado mes de julio, ante la Unidad Especializada de Delito contra el Medio Ambiente, a cargo del agente fiscal Ulises Giménez, las instituciones encargadas de velar por la ecología, mucho no han reaccionado y hasta la fecha sigue el desmonte y quema de bosque en un establecimiento del distrito de Raúl A. Oviedo, Departamento de Caaguazú, según los denunciantes, pobladores de la comunidad y concejales municipales.

Luego de una serie de publicaciones de nuestro medio, iniciadas el 27 de setiembre, y que daban cuenta de la supuesta inacción cómplice de los órganos de control, se logró imprimir trámite a la carpeta fiscal, en ese sentido, el pasado jueves 20 de octubre una comitiva fiscal, policial y de técnicos especializados del Infona, aparentemente se apersonaron hasta la tierras de Pedro Carlos Anciaux, de modo a ejecutar una orden de allanamiento, diligencia judicial cumplida con bastante sigilo, debido a que para pobladores de la zona e incluso miembros de prensa, el acto pasó inadvertido.

Conforme al acta de procedimiento policial, el allanamiento fue ordenado por la juez penal de garantías de Coronel Oviedo, Sandra Regina Porto, a petición del agente fiscal contra delitos ambientales, Ulises Giménez, quien no participó de la diligencia, designando a dos asistentes; Mario Francisco Peralta y Líder Bogado, el procedimiento inició puntualmente a las 10:00 hs. del jueves 20 de octubre.

Hasta el inmueble de Pablo Carlos Anciaux, ubicado en la compañía Ñu Raviju, de la Colonia Casilla 2 de Raúl Arsenio Oviedo, acudieron igualmente personal policial a cargo del sub jefe Elvio Mendoza, el asesor jurídico de la Jefatura de Policía Darío Florentín, el agente de criminalística Digno García, el técnico ambiental de la Fiscalía, Gabriel Ortiz y el representante del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Gustavo Seitz.

Un breve informe redactado sostiene que una vez en el lugar mencionado, la comitiva no pudo localizar a ninguna persona dentro de la finca, no obstante pudieron apreciar una extensa cantidad de hectáreas de bosques deforestados, árboles talados, rollos de madera, hornos para elaboración de carbón vegetal, y seis carpas precarias, en cuyos interiores fueron hallados colchones, sabanas y frazadas.

El procedimiento finalizó a las 11:30hs, con total normalidad, consignándose en acta todo lo acontecido, se tomaron placas fotográficas, fílmicas, asimismo la ubicación georeferencial y las evidencias levantadas del lugar fueron retiradas por la comitiva de la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales del Ministerio Público.

Los pobladores de la zona, afirman que la constitución practicada el jueves último en Raúl Arsenio Oviedo, no fue otra cosa más que una burda simulación de allanamiento fiscal, cuestionan que en anteriores ocasiones ya se han filtrado informaciones desde los propios órganos investigativos respecto a la fecha y hora en que sería practicado el allanamiento, sostienen también que existiría un amparo cómplice desde el Ministerio Público, debido a que a tres meses de la denuncia formulada, sigue la deforestación de manera totalmente salvaje e impune.

Antecedentes del caso
El concejal municipal de Raúl A. Oviedo, Ignacio Britos, señaló que la propiedad de 2.500 hectáreas supuestamente fue cedida por su propietario, Pedro Carlos Anciaux, a dos colonos menonitas para su explotación, estos a su vez realizan desmontes con varias topadoras, convirtiendo la reserva natural en terreno fértil para plantaciones de soja, en detrimento de la biodiversidad, estiman en unas 400 hectáreas los bosques ya desmontados.

Según la denuncia, los colonos menonitas David Ens y Daniel Braun, serían quienes están realizando el desmonte de unas 400 hectáreas, en el área directa de influencia del Lago Yguazú.

La Ley Nº 716/96, que castiga delitos contra el medio ambiente, en su Artículo 4to, establece sanciones con penas penitenciarias y económicas los delitos contra el medio ambiente a los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el ecosistema. Y a los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados.