Tras meses de inacción, Fermín Segovia solicitó informes comuna sobre vertedero clandestino en Caaguazú

• El agente del Ministerio Público solicitó a la comuna documentos sobre la habilitación y si existió sumario contra el propietario Carlos Ramírez Franco -político colorado y exconcejal municipal-, entre los años 2019 y 2023.
• Fermín Segovia había manifestado que “no compete al ministerio público” saber si la municipalidad de Caaguazú habilitó o no el lugar para operar, sin embargo ayer remitió un pedido de informes al intendente municipal José Severo Ríos.
• Al principio, el fiscal manifestó que correspondía al Ministerio del Ambiente, por lo que no se trataba de un vertedero clandestino. El caso lleva adelante desde septiembre del año pasado.

Poco antes del mediodía de ayer ingresó por mesa de entrada a la Municipalidad de Caaguazú una nota remitida al intendente municipal José Severo Ríos, por parte del fiscal Fermín Segovia, donde el agente fiscal luego de cinco meses de tomar intervención sobre el vertedero clandestino situado en la zona de Tacurú- San Miguel, finalmente solicitó informes.

El oficio ingresó a las 11:40 horas, según consta en el documento entregado ayer, contradiciendo sus afirmaciones anteriores respecto a la situación. Segovia había manifestado que prácticamente el documento era irrelevante para el Ministerio Público, debido a que se trataba de una cuestión administrativa. “Eso no compete al ministerio público”, señaló días atrás en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol. El abogado afirmó que no imputaría “por presión”.

Según el fiscal no era competencia del ministerio público proveerse de dichas documentaciones, teniendo en cuenta que, según él, ya era suficiente el permiso del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para operar.

No obstante, el martes último, la cartera de estado realizó una intervención en el sitio confirmando luego de 7 años de denuncias por parte de los vecinos; que Carlos Ramírez Franco, político y exconcejal municipal, opera de manera completamente clandestina y en un sitio plagado de irregularidades.

De acuerdo con el informe del MADES el lugar se encuentra a aproximadamente 400 metros del arroyo Tacurú, no cuenta con una fosa sin geomembrana, que representa el incumplimiento de medida de mitigación y es penado con hasta 5 años de cárcel. Tampoco cuenta con pileta de lixiviado, filtros de combustibles, cubiertas y vidrios, residuos considerados peligrosos. Asimismo, se pudo observar que había rastros de quema de residuos. Situación que ya había sido constatada por la fiscal Norma Salinas hace una semana.

Durante el procedimiento, el propio Ramírez Franco admitió que recibe móviles que actúan en forma irregular, de manera clandestina, sin habilitación de la autoridad de aplicación. Según este, los recolectores son personas particulares que se dedican a la limpieza de viviendas y patios baldíos y llevan a depositar en el sitio con motocarros y camiones.

Pero recién ayer, Segovia solicitó informe a la comuna sobre la habilitación y sumarios administrativos a los que fue sometido el dueño entre los años 2019 y 2023 para los fines procesales.