Caaguazú: Fiscalía interviene vertedero clandestino que opera en propiedad de exconcejal

• La fiscal Norma Salinas se constituyó en el lugar y confirmó la existencia del vertedero y la contaminación de un cauce hídrico situado muy cerca del lugar.
• Manifestó que desde el año 2019 existe una carpeta fiscal a cargo del fiscal Fermín Segovia,  quien no ha avanzado en las investigaciones.
• No obstante, añadió que como no es competencia de la fiscalía penal, deberá remitir los antecedentes de la intervención al fiscal Segovia.

En las profundidades de un tranquilo barrio en el distrito de Caaguazú yace una preocupación latente que mantiene en zozobra a los lugareños desde hace años. Un vertedero clandestino, custodiado por la indiferencia y el desdén por las regulaciones ambientales, oscureció la tranquilidad de la comunidad. Los vecinos claman la acción de las autoridades.

La fiscal Norma Salinas tomó intervención en el caso esta mañana, tras la queja de los vecinos de la zona denominada Tacuru. Aunque no era su área de competencia directa atendió la denuncia. “Cuando estamos de turno, si bien yo no soy competente para esto, es el Dr. Fermín Segovia quien entiende este tipo de competencias cuando la comunidad se apersona ante el ministerio público; como estaba de turno, me constituí para saber la urgencia porque los vecinos afirmaban que ya no soportaban lo que estaban atravesando. En ese sentido es que realizamos algunas diligencias”, explicó Salinas al programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol.

Con su equipo y peritos calificados se adentró en el lugar para confirmaron la existencia del vertedero clandestino, donde motocarros y camiones descargaban su carga de desechos sin el debido tratamiento ni autorización legal. “El MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) es muy exigente con las municipalidades e incluso les impone multas altísimas por el no tratamiento de las basuras”, señaló Salinas.

Además del vertedero también verificaron la situación de un cauce hídrico muy cercano y conforme la inspección un perito del MADES, debería estar a 800 metros cualquier cauce de un vertedero. “Nos constituimos al arroyo y está muy contaminado. Está muy turbia el agua, según las manifestaciones de un lugareño ellos suelen recoger frascos de veneno, medicamentos, que por las lluvias son arrastradas las basuras”, acotó la fiscal.

La comitiva realizó actas de procedimiento y tomó fotografías del sitio como pruebas contundentes que confirmaban la ilegalidad del vertedero. “Hemos verificado a prima facie que hay elementos y, por otra parte, ellos afirman que con la sola presentación del pedido de habilitación, ellos ya pueden trabajar, y el MADES afirma que no, que no es la vía correspondiente. Ellos tienen que otorgar primero esa licencia y después recién se puede trabajar”, afirmó Salinas.

La propiedad pertenece a Carlos Ramírez Franco, político Colorado y ex concejal municipal, quien según señaló la representante del ministerio público ya había sido notificado anteriormente por la comuna. “Quien acompañó a los lugareños que estaban muy nerviosos fue el intendente José Ríos. Presentó todas las documentales que ya ha advertido a este señor para que deje de realizar estas acciones, pero lamentablemente no ha prosperado su acción administrativa, por lo cual tiene las facultades, la asesoría jurídica y la Junta Municipal que pueden tomar medidas”, puntualizó la fiscal.

Mencionó que incluso desde el año 2019 existe una investigación fiscal llevada por el abogado Fermín Segovia, pero aparentemente sin mucho avance. “El fiscal de medio ambiente tiene conocimiento desde el año 2019 de esta problemática. Mal puedo tomar yo decisiones siendo que ya hay causas abiertas”, sostuvo.

No obstante, agregó que existen otras herramientas legales para poder accionar en estas condiciones, no solamente la parte penal. Indicó que al representante legal de la comuna le planteó la posibilidad de recurrir a un amparo, teniendo en cuenta las evidencias recabas.

“En estas condiciones el amparo es viable y de inmediato se debe otorgar, para eso están esas garantías constitucionales que en el día el juez puede ordenar. O una medida cautelar se puede plantear también. Para eso están los asesores que tienen un salario y pueden hacer esto. No solamente recurrir a la parte penal”, enfatizó.

Salinas añadió que los trabajadores presentación del pedido de habilitación a la comuna local, alegando que con ese documento ya pueden trabajar. Sin embargo, aseguró que de acuerdo con las autoridades del MADES, no. Explicó que la cartera de estado primero debe otorgar primero una licencia y después recién se puede trabajar. “Entendemos que así como tenemos, por el instructivo uno, tengo que remitirle al fiscal. Voy a hacer unas diligencias más y entregar al fiscal correspondiente”, aseveró.