Costosa e inservible Junta Departamental
- Los 21 concejales departamental, del Caaguazú, son ciegos, sordos y mudos ante las graves irregularidades denunciadas en la administración del gobernador Alejo Ríos.
- Nos cuestan G. 252 millones por mes y no se sabe de ninguna acción favorable para la ciudadanía desde la función legislativa y contralora que deben ejercer.
- Unos 12.100 escolares quedan sin kits de alimentos, por irregularidades en la adjudicación, y la Junta Departamental tiene la voz apagada ante tan grave situación.
La Junta Departamental del Caaguazú está pasando desapercibida pero esta vez, en tiempo de pandemia, sin penas ni gloria al momento de proponer acciones vinculadas a la salud pública, seguridad alimentaria y reactivación económica.
Sin embargo, existe un rol natural que debe cumplir el legislativo departamental, compuesto por 21 concejales, el cual es controlar la administración del gobernador, que de manera constante es sujeto de denuncia pública de supuestas graves irregularidades, principalmente en el llamado, adjudicación y entrega de alimentos para los más de 68 mil niños y niñas de los 22 distritos que componen el quinto departamento.
Los integrantes de esta junta se mostraron indiferentes a denuncias concretas de distribución y entrega de alimentos en malas condiciones, cantidad incompleta y productos presumiblemente de contrabando, que no contaban con registro sanitario y de origen.
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Esta semana un total de 12.100 escolares, de zonas vulnerables en comunidades indígenas, quedaron sin kits de alimentos debido a que todo el proceso licitatorio y de adjudicación fueron de manera irregular, de acuerdo con lo resuelto con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por lo que la Unidad Operativa de Contrataciones de la gobernación, está siendo investigada.
No hubo ningún seguimiento a las denuncias, tampoco fueron llamados los funcionarios para rendir cuentas sobre los presuntos hechos de irregularidades en un tema tan sensible y delicado, como es la provisión de alimento para los niños y niñas.
Desde abril pasado los concejales dejaron de reunirse en la sede de la Junta Departamental, en Coronel Oviedo, y se trasladaron hasta la ciudad de Caaguazú para desarrollar sus sesiones. A esta situación se suma la falta de comunicación oficial de la institución, impidiendo el acceso al contenido de las reuniones y sobre qué temas resolvieron alguna acción.
Varios concejales afirman que no pueden realizar sesiones virtuales porque muchos de ellos no tienen la habilidad para acceder a las plataformas disponibles para el efecto.
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La última vez que la Junta Departamental tuvo destaque en los medios fue cuando realizaron un reconocimiento a un grupo musical del departamento Guairá, “con el objetivo de animar a los artistas del departamento Caaguazú, a tener talento”.
La secretaría de Educación es la responsable de ejecutar la distribución y entrega de los kits de alimentos y está a cargo de Nanci Coronel. La coincidencia es que uno de los miembros de la Comisión Asesora de la Junta Departamental, es su esposo, el concejal César Brítez quien fuera mano derecha del gobernador Alejo Ríos, cuando éste fue intendente de la ciudad de Caaguazú.
La directora de Alimentación Escolar es la sobrina del propio gobernador, Mercedes Núñez, por lo que no se ha avanzado en nada sobre las denuncias de mala calidad en los alimentos distribuidos.
Cada uno de los 21 concejales perciben una dieta mensual de G. 9.500.000 a lo que se le suman vales de combustibles por G. 2.500.000.
Cada año el funcionamiento de la Junta Departamental tiene una erogación de G. 3.710.000.000. Es muy costoso un aparato legislativo inservible que al momento de ejercer la representación ciudadana se vuelve, ciego, sordo y mudo.
