La Junta Departamental y su inútil rol de contralor

  • Hasta la fecha la Junta Departamental del Caaguazú ha demostrado su inutilidad en uno de sus roles, el de contralor.
  • En materia legislativa no tiene incidencia, las Ordenanzas Departamentales no tienen territorio de aplicación y se reduce a algo, simplemente, testimonial.
  • La mayoría de sus integrantes desconocen el contenido de la Ley 426 que establece la Carta Orgánica Departamental.

El concejal César Britez, presidente de la Comisión de Educación, es el esposo de la Secretaria de Educación de la gobernación del Caaguazú, Nanci Coronel || Archivo – OviedoPress

El departamento Caaguazú cuenta con 21 concejales y cada uno de ellos nos cuesta, aproximadamente, G. 12.000.000 por mes, entre dieta y cupo de combustible. A pesar de que se reúnen cada semana, con ausencia de varios de sus miembros, sus sesiones no resuelven ninguna cuestión favorable para la ciudadanía, excepto algunas declaraciones de interés de algún evento o el reconocimiento a algún ciudadano destacado.

La Ley 426, establece la Carta Orgánica Departamental, delinea las atribuciones de la Junta Departamental, que son pocas e irrelevantes y aun así no son cumplidas por sus miembros, en especial en lo que tiene vinculación con el rol de contralor del Ejecutivo Departamental.

El Artículo 20 en su inciso L) señala de manera explícita una de las atribuciones más importantes de los concejales departamentales y que tiene que ver con el control del gasto público: “Aprobar o rechazar la adjudicación de licitaciones y concursos de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales”.

El gobernador no podrá poner en marcha ninguna adjudicación a menos que haya sido aprobada por la Junta Departamental, es lo que se desprende de este inciso.

Sin embargo, el concejal departamental y exsecretario general de Alejo Ríos (intendente de Caaguazú), César Britez, interpreta que la aceptación o rechazo de la adjudicación de licitaciones, recién se debe determinar cuando el gobernador remita su informe de Ejecución Presupuestaria, al año siguiente del mismo.

Esta mala interpretación de la Carta Orgánica Departamental, permite que el gasto público sea discrecional por parte del gobernador en función y que los documentos sean presentados un año después a los concejales departamentales. Si acaso se detecten irregularidades, las obras, adquisiciones y servicios ya se habrán ejecutado.

El “rechazo” de una adjudicación, un año después ya no tiene incidencia para garantizar la buena utilización de recursos públicos.
A su vez, esta concepción unilateral de la Ley, impide que la Junta Departamental cuente con los documentos sobre los llamados y adjudicaciones y en caso necesario, demora todo un proceso de solicitud de informe, que mientras dure el proceso burocrático, ya pueden ejecutarse de mala manera algún servicio, producto u obra, adquirida por el gobierno departamental

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Ejemplo. Kit de almuerzo escolar

El pasado viernes, 08 de mayo, una denuncia periodística de OviedoPress evidenció supuestas graves irregularidades en la entrega de kits de alimentos, provenientes de los insumos para el Almuerzo Escolar.

Nancy Coronel, Secretaria de Educación de la gobernación del Caaguazú. //Archivo – OviedoPress

La entrega de los paquetes de insumos fue llevada a cabo en el distrito de José Domingo Ocampos, y fueron protagonista de la distribución, el propio concejal César Britez, acompañado de la Secretaria Departamental de Educación, Nanci Coronel, esposa del concejal.

Cinco de los nueve insumos que incluía el kit de alimento, no contaba con registro sanitario y algunos de ellos no cumplían con la cantidad en peso, por el que el gobierno departamental exigía y pagaba.

¿Dónde estaba el rol de contralor, del concejal departamental, al entregar él mismo productos cuya trazabilidad era inaplicable por falta de registro sanitario y registro de establecimiento?

A juzgar por la situación, hasta se puede deducir que, lejos de ejercer el rol contralor, estaba en el lugar para apañar y proteger a su esposa, responsable de la implementación del programa de Almuerzo Escolar.


En su momento César Britez, presidente de la Comisión Asesora de Educación de la Junta Departamental, aseguró que los concejales en sus distritos serán fieles custodios para garantizar la calidad de alimento distribuido por la gobernación del Caaguazú, a través de las empresas adjudicadas.

En José Domingo Ocampos, en sus narices y la de su esposa (Secretaria de Educación) estaban entregando productos con el envoltorio cerrado con presillas y sin el peso exigido. La situación fue evidenciada con filmaciones y prueba de peso, aun así, la Junta Departamental y menos la Comisión de Educación, no ha hecho nada al respecto.

En pocos días, sin ningún tipo de acciones de sanción, ni siquiera de investigación, la empresa Campo Verde, volverá a realizar la entrega de kits de alimentos escolares.

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Pedimos informes

Mientras trascurren los días, y solo porque fue descubierto por la prensa, el concejal César Britez dijo que solicitaron informes al gobernador sobre él proceso licitatorio de los insumos para alimento escolar. Mientras llega el informe, lo analicen los concejales y se expidan al respecto, miles de kits de alimentos se estarían distribuyendo con el riesgo de que no cumplan con las exigencias de calidad y cantidad.

Si los concejales departamentales, tan solo hubieran cumplido con una de sus atribuciones, descrita en el Artículo 20: “Aprobar o rechazar la adjudicación de licitaciones y concursos de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales”, no se hubiera perdido un valioso tiempo en la burocracia de solicitar informe.

Tal vez, si se cumplía con esta atribución de la Junta Departamental, se habría evitado las irregularidades que fueron detectadas y publicadas a través de los medios.

Como si todo fuera poco, la Junta Departamental, dentro de sus atribuciones decidió rechazar la Ejecución Presupuestaria 2019 del gobernador Alejo Ríos. Pero quedaron por el camino, la Ordenanza de Rechazo fue vetada por el Ejecutivo, fue devuelta a la Junta y esta, por desprolija, no se expidió a tiempo y la rendición de cuenta, tuvo aprobación automática.

¿De qué nos sirve gastar, cada año, G. 3.276.000.000 en 21 concejales departamentales que no hacen absolutamente nada en beneficio de los habitantes del departamento Caaguazú?

¡Es inútil!

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