Vertedero clandestino: Secretario de la municipalidad de Caaguazú desmiente al fiscal Fermín Segovia

• Richard López manifestó que la propiedad de Carlos Ramírez Franco, político colorado y exconcejal municipal, no cuenta con habilitación para operar el vertedero.
• Anunció que desde la comuna están preparando el diligenciamiento, expediente y requisitos necesarios para proceder a la clausura total del sitio.
• Mencionó que el propio fiscal estuvo presente al momento en que la municipalidad le informó que no podía más operar en el lugar.

Contrario a las expresiones del fiscal de la Unidad Especializada del Medio Ambiente, Fermín Segovia, quien aseguró que el vertedero situado en el barrio Tacuru-San Miguel del distrito Caaguazú cuenta con habilitación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para operar, el Abog. Richard López, secretario general de la municipalidad afirmó al programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol, que el lugar opera de forma clandestina.

“No tiene más vigencia. Inclusive, el señor cuando estábamos haciendo el allanamiento, Carlos Ramírez Franco (político Colorado y exconcejal municipal) dijo que él iba a solicitar personalmente el cierre definitivo. Me parece chistoso, el Dr. Sabe perfectamente porque él mismo escuchó de la boca del señor Carlos”, refirió López.

“Me tiene un poco descolocado porque el Dr. Fermín que es el encargado de esta unidad ambiental penal, sabe perfectamente la situación de este predio del señor Ramírez. Inclusive yo en reiteradas ocasiones le he visitado en su oficina preocupado por esta situación y la situación de los carriteros informales y siempre él me ha manifestado que se iba a tomar cartas en el asunto, se le iba a sancionar. Que se iba justamente dar un finiquito a esta situación”, añadió asegurando que incluso se podría hacer un “careo público” para demostrarlo.

Mencionó que incluso, durante la intervención en el lugar donde participó Segovia en septiembre del año pasado, en presencia del agente se le informó al propietario que ya no iba a poder más continuar trabajando en el rubro de la disposición final de residuos sólidos, debido a la cantidad de irregularidades que encontraron.

“Nuestra posición es que la fiscalía debe actuar como debe de actuar conforme a las reglamentaciones correspondientes ya que realmente es un vertedero clandestino. No puedo entender cómo se le puede denominar relleno sanitario en condiciones estables reales y técnicamente aceptables ya que en primer lugar no tiene licencia y, segundo, no tiene patente municipal, requisito fundamental para poder habilitar un negocio”, sostuvo.

A todo esto se suma que el inmueble no reúne las condiciones para que pueda ser un relleno sanitario. “No reúne las condiciones ni técnicas, legales ni ambientales. Absolutamente no tiene la más mínima condición, por eso justamente la preocupación de los vecinos de ese sector”, aseveró.

Mencionó que además de los vecinos, propietarios de establecimientos que lindan con el vertedero están preocupados desde hace mucho tiempo por la contaminación al arroyo Tacurú, que es emblemático. Entre ellos, un local turístico muy reconocido que también hizo su reclamo. “Qué es lo que nosotros queremos, que la fiscalía definitivamente pueda entender que ese espacio ya no puede seguir funcionando. Ahora por ejemplo le hemos notificado, pero el señor sigue operando, no respeta absolutamente nada y no puede ser así”, insistió López.

Agregó que el año pasado, Ramírez había presentado el pedido de cierre gradual ante el MADES y la municipalidad, pero días después cambió de opinión y volvió a solicitar al ministerio la renovación de la licencia. “No tiene licencia. Si vos te vas y le pedís ahora mismo la copia de su licencia no te va a dar. Lo único que te va a dar es la mesa de entrada de MADES sobre su pedido de renovación de licencia, pero eso no significa una licencia”, aseveró el funcionario.

El jueves pasado, una comitiva municipal se trasladó hasta el predio tras una denuncia de vecinos, en compañía de la fiscal Norma Salinas, en cooperación también de la Policía Nacional, donde la Fiscalía a través de peritos calificados constató el grave daño ambiental que se está provocando en ese sector del distrito Caaguazú. “Si el fiscal ambiental quiere visitar otra vez, nosotros le vamos a volver a acompañar”, expresó ante lo expuesto por el fiscal Segovia, quien refirió que no le consta tal situación.

López indicó que días atrás el asesor jurídico y la fiscal Norma Salinas, llegaron hasta la fiscalía de Oviedo para solicitar la carpeta que tiene la unidad ambiental con relación a Ramírez, pero no se pudo obtener. No obstante, anunció que el equipo de asesores jurídicos junto con el Juzgado de Faltas y la Inspectoría General están preparando el diligenciamiento, expediente y requisitos necesarios para proceder a la clausura total. “Eso lo vamos a hacer, pero también la fiscalía debe tener participación importante por el hecho de que hay un daño ambiental”, apuntó.