Una firma para resoluciones y otra para vender vehículo con orden de incautación
- El presidente de la Junta Departamental del Caaguazú, Gabriel González Torres, utiliza firmas distintas dependiendo para qué documento.
- En el contrato de compra venta de un vehículo, denunciado y con orden de incautación, utilizó una firma legible en la que dice “Eladio González”.
- En documentos oficiales de la Junta Departamental, utiliza un garabato como firma, con sello oficial.
¿Cuál de las dos firmas de Eladio Gabriel González Torres es la verdadera?. Una de ellas, la utilizada para vender vehículo, denunciado como de dudosa procedencia, fue validada por el escribano, Carlos Gualberto Soto. Entonces, ¿qué validez tiene la firma que utiliza en los documentos oficiales de la Junta Departamental, de la cual es presidente?.
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Las sospechas sobre la intencionalidad de Gabriel González Torres, al vender un vehículo con orden de incautación, cada vez son más elevadas. Es que utilizó una firma inusual en el contrato de compra/venta, que fue validada por el escribano Carlos Gualberto Soto, de la ciudad de Coronel Oviedo.
El presidente de la Junta Departamental del Caaguazú, fue denunciado públicamente por Diosnel Brítez, quien adquirió un vehículo del político, pero que resultó contar con orden de incautación por parte del Ministerio Público.
El denunciante dejó en evidencia a Gabriel González Torres, a través de una grabación de conversación telefónica en la que el vendedor asumió el compromiso de resolver el problema documental del vehículo que fue vendido en el mes de junio del 2016.
De acuerdo a la versión de Diosnel Brítez, hasta la fecha no cuenta con los documentos originales del rodado que estuvo varios años en poder de Gabriel González Torres y que lo vendió a través de Alvaro Rolón Rodríguez.
La firma utilizada por Gabriel González Torres, en el contrato de compra/venta es distinta a la que oficialmente utiliza en los documentos de la Junta Departamental.
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¿Cuál de las dos firmas es la válida?. Al menos una de ellas fue certificada por el escribano, Carlos Gualberto Soto. La otra firma tiene peso de decisión en resoluciones departamentales oficiales.
¿Ante qué delito nos encontramos?, el Ministerio Público deberá investigar de oficio esta situación, evidentemente irregular.
