Juez concede libertad a imputado por violencia intrafamiliar

  • La medida sorprendió al propio Ministerio Público y la querella, es en el caso de los ex agentes penitenciarios, Claudia Benítez y Eligio López.
  • López, fue detenido el pasado 23 de mayo, sobre él pesa imputación por supuesta violencia intrafamiliar.
  • El juez penal de garantías, Carlos Raúl Zelaya, concedió medida alternativa a prisión preventiva, basado en un supuesto acuerdo de partes, que según Claudia Benítez, fue presentada con su firma falsificada.

El juez Carlos Raúl Zelaya y el ex agente penitenciario Eligio López. // OviedoPress

La causa data de agosto de 2017, tiene como protagonistas a los ex funcionarios de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Claudia Benítez (39) y Eligio López (40), supuesta víctima y agresor respectivamente, en un caso de violencia intrafamiliar, del cual la mujer incluso habría llegado a ser raptada, movilizó a sus familiares, comunidad y organizaciones pro defensa de los derechos de la mujer, debido al hecho, ambos acabaron perdiendo sus puestos laborales.

El pasado 23 de mayo, tras nueve meses de rebeldía, López fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a una orden de captura, dictada por el juez penal de garantías, César Narváez, a pedido de la agente que entiende la causa, Gladys Torales de Ovelar, tras su detención el hombre no ni siquiera fue trasladado a la cárcel, sino que permaneció detenido en sede de la Sub Comisaría del barrio Azucena, denunció la víctima.

Ínterin el hombre permanecía detenido, sus abogados, Derlis Rodríguez y Edson Ortiz, plantearon la audiencia de revisión medidas el lunes 28 de mayo ante el juez penal de garantías del caso, Carlos Raúl Zelaya, éste llamó a sustanciación el día martes 29 y en la misma fecha, resolvió revocar prisión preventiva y otorgar medidas alternativas a la prisión.

De acuerdo al abogado Antonio Álvarez, querellante adhesivo en representación de la supuesta víctima, la medida otorgada no corresponde; “En estricto derecho, desde la modificación de la tipificación penal de la violencia intrafamiliar, de delito a crimen, no se admiten, o al menos los jueces no deberían admitir medidas alternativas a la prisión, más aún con el agravante de un supuesto acuerdo de partes apócrifo”, señaló Álvarez.

A su vez, Claudia Benítez, ex pareja del supuesto agresor, denunció que ante el juez penal de garantías Zelaya, los abogados arrimaron un supuesto acuerdo de partes con su firma falsificada, en el que desiste de proseguir con la causa, niega la existencia de la paliza del mes de agosto de 2017 e incluso declara inocente a López, al tiempo de solicitar su sobreseimiento definitivo.

“Se presentó un documento en el que aparece una firma mía, la cual niego rotundamente, esta mañana me ratifiqué en mi denuncia, mi ex pareja ya está de vuelta afuera desde el martes 29, incluso volvió hasta mi casa en la mañana del miércoles, amenazándome, es lamentable que la justicia me ponga de vuelta en esta situación de indefensión, tengo miedo por lo que le pueda pasar a mis hijos”, se lamentó Claudia Benítez.

El abogado Álvarez Núñez, informó además que, ninguna de las demás partes del proceso fue notificada para la audiencia de revisión de medidas, ni el Ministerio Público, ni la querella, por lo que anunció que la resolución será recurrida, planteándose una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Coronel Oviedo.

“El hecho de haberse arrimado un documento con la firma de mi representada y que ella no haya sido llamada, deja en nosotros un manto de dudas acerca de la inusitada celeridad con que se actuó, incluso dejando de lado a la fiscal del caso, solicitaremos si es necesario un peritaje de la firma obrante en el documento de supuesto acuerdo”, ahondó Álvarez.

El magistrado ovetense, Carlos Zelaya, cuenta con varios antecedentes en los que ha intervenido en casos de violencia intrafamiliar, en los que ha otorgado prisión domiciliaria a varios imputados, como en el caso del funcionario judicial Cristian David Giménez, supuesto agresor de su expareja Andrea Recalde Zelaya, funcionaria de Identificaciones.

Otro sonado caso es el de Juan Carlos Cáceres, alias “buscapolo”, denunciado por su pareja Deisy Torres, al supuesto agresor habría arribado a un acuerdo con la mujer, desistiendo de la acción ante el juez Fernando Torres, quien interinaba el turno de Zelaya, éste ultimo nunca llegó a revocar la medida polémica.

Un caso de supuesto abuso sexual en menores, acontecido en Yhú, que cuenta como imputado a Leonardo Antonio López, había sido beneficiado con medidas alternativas a la prisión, por el juez Zelaya, el fallo fue cuestionado por el propio agente fiscal investigador, Fermín Segovia Villasanti. La causa tiene como supuesta víctima a una menor de 13 años de edad.

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