Cuestionado juez otorgó libertad ambulatoria a supuesto abusador de menores

  • Carlos Raúl Zelaya, juez penal de garantías de Coronel Oviedo, en plena feria judicial, otorgó medidas alternativas a un hombre que habría abusado de su propia sobrina.
  • Fiscalía solicitará revocatoria de la polémica medida, que no corresponde, el hecho punible constituye un crimen, en cuyo caso la legislación le prohíbe otorgar esta medida.

Abog. Carlos Raúl Zelaya Mendoza, juez penal de garantías, cuestionado por otorgar medidas alternativas a la prisión, en un caso tipificado como crimen. //Facebook

En octubre de 2017, se habría registrado en Yhú un supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, donde resultara víctima una menor de 13 años, sindicándose como supuesto autor, a su propio tío, de 23 años de edad, incluso los abusos a los cuales la niña era sometida, datarían de manera sistemática, desde hace al menos 7 años, según Fiscalía.

El sindicado, Leonardo Antonio Jara López (23), habría sometido a su víctima en reiteradas ocasiones, desde que tenía seis años de edad, incluso el hombre habría grabado en vídeo sus actos sexuales, por lo que Fiscalía contaría con elementos de convicción, para sostener la imputación y posterior acusación, por el crimen, cuya expectativa de pena va de 3 años hasta 12 años de cárcel.

Jara López se hallaba prófugo desde octubre de 2017, cuando fuera “descubierto” y denunciado por la supuesta comisión de hecho punible, investigado por el agente fiscal itinerante de Yhú, Vaquería y San Joaquín, Fermín Segovia Villasanti, quien arrimó los elementos de prueba, respaldados incluso por exámenes y certificados médicos.

Dada su condición de prófugo, Jara López habría aprovechado la feria judicial del mes de enero, acompañado de su abogada, Liz Esquivel se presentó ante el juzgado penal de garantías, a cargo del magistrado Carlos Raúl Zalaya Mendoza, de Coronel Oviedo, poniéndose a disposición de la justicia, que en fechas 19 y 20 de enero, tras varias audiencias, el juez acabó otorgando la medida alternativa a la prisión preventiva, libertad ambulatoria.

La resolución judicial es atacada de irregular en base a varias consideraciones jurídicas, ya que estaría contraviniendo las disposiciones normativas del Código Procesal Penal, específicamente en el Art. 245, que prevé los rigores para los casos de abuso sexual en niños, el agente fiscal de la causa anunció que estará solicitando la revocatoria de la misma.

En primer término, al ser considerado crimen, no corresponde la aplicación de medidas alternativas, por otro lado, Zelaya Mendoza habría obrado de manera arbitraria al cambiar la tipificación penal impuesta por el Ministerio Público, sobre la base de los certificados médicos que acreditan la existencia de desgarro vaginal, y otras pruebas, como también el secuestro de equipos informáticos, que contendrían más pruebas.

Zalaya Mendoza, modificó unilateralmente la carátula fiscal, de abuso sexual en niños, a abuso sexual sin coito, es decir, el juez entendió que nada más existió manoseos, por lo que la expectativa de pena máxima se reduce a tres años, donde sí caben las medidas alternativas a la prisión preventiva.

Leonardo Jara López, al ser beneficiado con libertad ambulatoria, puede circular libremente dentro de todo el territorio nacional, se le han impuesto ciertas limitaciones y condicionamientos, como el de acudir mensualmente a firmar el libro de cumplimiento de medidas, y una fianza de G. 30 millones.

Este caso no sería el primero en el que Carlos Raúl Zelaya es cuestionado, debido a la concesión de medidas alternativas en casos considerados crímenes, o la reducción o apartamiento procesal de las tipificaciones penales del Ministerio Público.

Este mismo juez es quien otrogó medidas a Cristian David Giménez, funcionario judicial sindicado por el supuesto hecho de violencia intrafamiliar, denunciado por su expareja Andrea Recalde Zelaya, a quién habría agredido físicamente en una fiesta, causa que motivó la intervención de la Coordinadora Departamental de Equidad de Género, que solicitó ante la Secretaría Nacional de la Mujer, gestionar la intervención del juzgado penal a cargo del juez Zelaya, ante la Corte Suprema de Justicia.

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