Denuncian y solicitan sanción a abogada por chicanera
- Se trata de Lilian Rosana Prieto, abogada defensora de los hermanos Ojeda, supuestos responsables de un doble homicidio en San José.
- Cuestionan sus constantes recusaciones y recursos al mero efecto dilatorio en la causa criminal, por las que obtuvo cadena de inhibiciones.
La cuestionada profesional, es defensora de los hermanos Alejandro Ojeda López y Osmar Ojeda López, sindicados como supuestos responsables del doble homicidio, en el que fueron víctimas; Pedro Cáceres Mendoza y Pascual David Cáceres Mendoza, ambos hermanos, ocurrido en la madrugada del día de la madre, 15 de mayo, del 2013.
La causa penal es investigada por la agente fiscal del Ministerio Público de Coronel Oviedo, Gladys Torales de Ovelar, quien también fue bastante cuestionada por la familia de las víctimas, debido a ciertas displicencias para con los sindicados como autores del crimen, debido a que representante pública se allanó al pedido de eximición de Osmar Ojeda López, supuesto instigador del doble homicidio, solicitado ante el juzgado penal de garantías del juez César Narváez, planteado por la defensora Lilian Rosana Prieto.
El planteamiento fue procesado sin que la agente oponga acción alguna y ante ello y ante los escasos elementos probatorios contra el hombre, Narváez le otorgó la eximición, que lo dejó en situación de poder ser beneficiado con el sobreseimiento de la causa, situación que motivó la movilización de la ciudadanía sanjosiana, el pasado 12 de agosto ante las instituciones responsables, Ministerio Público y Poder Judicial.
La denuncia expone a la profesional abogada, ante una millonaria sanción económica, al igual que su declaración como litigante de mala fe y la casación de su matricula profesional.
En aquella jornada, el juez Narváez, recibió y oyó en su despacho a los manifestantes, quienes a través de la querella adhesiva, representada por el abogado Enrique Villagra solicitaron la revocatoria de la medida de eximición, ante lo cual Prieto, denunció al magistrado en cuestión por supuesto prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso.
“La denuncia contra Narváez es totalmente infundada, es un sin sentido, esta abogada está obrando de mala fe, por lo que hemos presentado un escrito, una queja formal contra la misma, solicitando sea declarada como litigante de mala fe, lo hemos presentado ante el presidente de Circunscripción Jorge Feliciano Soto, que a su vez deberá remitir a Superintendencia y la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”, manifestó Villagra.
Desde el inicio de la causa, se han manipulado groseramente las actuaciones procesales, debido a que por aquel entonces, el abogado Edward Cabrera, esposo de Lilian Rosana Prieto, fungía como asistente fiscal de la unidad número 3, cuya titular hoy es la agente Gladys Torales de Ovelar; “siendo marido y mujer una especie de juez y parte en el proceso, lapso de tiempo en el cual, poco o nada avanzaron las investigaciones”, aseveró el querellante.
La denuncia contra el juez penal de garantías, César Narváez, causó un efecto dominó y una cadena de inhibiciones en los demás magistrados del fuero penal de garantías de primera instancia, ocasionando lo mismo en los jueces Carlos Raúl Zelaya, Sandra Porto y finalmente la causa queda en el despacho del magistrado Wilfrido Ovelar, quien también deberá inhibirse debido a la relación de parentesco con la agente fiscal, de quien es prima política.
“Exigimos las sanciones correspondientes a la abogada chicanera, conforme establece la normativa vigente; multar con 100 jornales mínimos legales vigentes (G. 7 millones), sea declarada litigante de mala fe e inscripto en su foja profesional, reservándonos el derecho de peticionar la casación de su matricula profesional, por parte de la Corte Suprema de Justicia”, finalizó Villagra.
