Cobraron durante cuatro meses sin trabajar
- Son tres las funcionarias del Juzgado de Faltas de la Junta Departamental del Caaguazú, que figuran en planilla de cobros pero que no trabajaron.
- De diciembre del 2018 a marzo del 2019, no trabajaron según un informe emitido por la propia Junta Departamental, porque habrían sido desvinculadas.
- En las planillas de pago a funcionarios, de los meses mencionados, las tres personas aparecieron con sus respectivos salarios.
“No se presentan las planillas de asistencia desde el 26 de noviembre del año 2018 hasta el día 11 de abril del año 2019 por motivo de la desvinculación de todas las funcionarias del Juzgado, siendo reincorporadas desde el día 12 de abril del corriente año”. Así dice uno de los párrafos de la nota de respuesta al pedido de información pública, solicitada a la Junta Departamental del Caaguazú, presidida por Gabriel González Torres (ANR).
Lucía Rubali Filippini Leguizamón es la Jueza del Faltas de la Junta Departamental; Luz María Dolores Olmedo Gómez, ocupa el cargo de actuaria y Daisy Yanina Ferreira Romero se desempeña como ujier. Las tres funcionarias fueron desvinculadas de sus respectivos cargos el 23 de noviembre del 2018. Recién el 11 de abril del 2019 fueron reincorporadas.
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Sin embargo, a pesar de no asistir a sus lugares de trabajo, seguían cobrando sus respectivos salarios. Percibieron pagos de salarios durante cuatro meses sin haber trabajado, lo que las convierten en “planilleras”, lo cual se configura como delito de “cobro indebido de honorarios”, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 313 del Código Penal de Paraguay.
A pesar de haber sido desvinculadas de sus cargos, la administración de Alejo Ríos, seguí pagando sus respectivos salarios.
Lucía Rubali Filippini Leguizamón percibe como remuneración mensual la suma de G. 5.000.000 más un plus para cobertura médica de G. 260.0000.
La actuaria, Luz María Dolores Olmedo Gómez, tiene un sueldo de G. 3.000.000 y un adicional de G. 260.000 por cobertura de salud.
Daisy Yanina Ferreira, la ujier, cobra G. 2.500.000 por mes y también percibe el adicional de G. 260.000.
Durante los meses de diciembre del 2018; enero, febrero y marzo del 2019, percibieron sus salarios y plus correspondientes sin haber trabajado por haber sido desvinculadas de sus cargos.
Nombradas sin concurso y por influencias
Las tres funcionarias estaban con vinculación de parentesco y amistad a concejales departamentales, cuando fueron nombradas en sus cargos.
Lucía Rubali Filippini Leguizamón fue nombrada como jueza del faltas, el 04 de setiembre del 2012, a la edad de 23 años y a dos meses de haber egresado como abogada de la UniNorte.
En el año de su nombramiento, Hugo Filippini (PLRA) era uno de los 21 concejales departamentales y a su vez papá de la flamante jueza de faltas.
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La funcionaria, Luz María Dolores Olmedo, fue nombrada a través de la Resolución 176/2018 de fecha 30 de julio del año 2018. Esta Resolución fue firmada de manera conjunta por el gobernador, Eliodoro Giménez (PLRA) y el presidente de la Junta Departamental, Juan Ramón Cohene (PLRA).
Luz María Dolores Olmedo, es sobrina de quien en el 2018 ocupaba una banca del Partido Colorado en la Junta Departamental, Agustín Olmedo. También es prima de su jefa, Lucía Rubali Filippini Leguizamón, correspondientemente es sobrina de Hugo Filippini, concejal departamental en el periodo anterior.
Es muy allegada a la concejal Vicenta Cano, quien habría “empujado” lo necesario para que su recomendada ocupe el cargo. Ambas, concejal y funcionaria, son del distrito de Repatriación.
La secretaria de faltas, no realizó ningún concurso de oposición para ocupar el cargo que funge desde mediados del año 2018.
La ujier, Daisy Yanina Ferreira Romero, es hija del concejal departamental, Gustavo Ferreira (Alianza GANAR).
Su nombramiento, sin concurso, se dio a través de la misma Resolución Nro. 176/2018, con fecha 30 de julio del 2018.
El concejal Gustavo Ferreira, durante el periodo anterior, fue uno de los votantes proponentes del nombre se su propia hija, para ocupar el cargo de Ujier, en el Juzgado de Faltas de la Junta Departamental.
Percibieron pagos de salarios durante cuatro meses sin haber trabajado, lo que las convierten en “planilleras”, lo cual se configura como delito de “cobro indebido de honorarios”, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 313 del Código Penal de Paraguay.
