Alejo Ríos se ampara en decisión de la CSJ para despedir funcionarios de la Gobernación

  • Ante la cuestionada decisión del nuevo gobernador de Caaguazú, de notificar a 162 funcionarios, del término de sus contratos y la rescisión total para otros, afirman que existe respaldo legal para esta determinación.
  • Existe una acción de inconstitucionalidad, admitida por la Corte Suprema de Justicia, en favor de la Gobernación, contra la Ley de la Función Pública, y unos 32 artículos, que fueron declarados inaplicables.
  • Es así que el régimen de cargos de confianza, designaciones y antigüedades laborales, no son asistidos por la Ley 1626/2000, sino que por el Código Laboral vigente, por lo que serán indemnizados como corresponde, anunciaron asesores jurídicos departamentales.
Unos 162 funcionarios de la Gobernación del Caaguazú, fueron notificados por desvinculaciones laborales. //Archivo – OviedoPeress.

En la presente semana, fue sumamente cuestionada la decisión del gobernador del Caaguazú, Alejo Ríos Medina (PLRA), quien por instrucciones de la Dirección de Asesoría Jurídica Departamental, dispuso la notificación, de cesación de actividades de 162 funcionarios, entre personal contratado y nombrado, bajo diversos criterios de evaluación.

De acuerdo al testimonio del director de Recursos Humanos, abogado René Avalos, la notificación generó el efecto de comunicación del cese de las actividades, con la consecuente posibilidad de reconsiderar cada caso en particular, la decisión afectó a funcionarios, cuyas antigüedades no excedían los cuatro años de trabajo, refirió Ávalos.

“Cada personal notificado fue invitado a que se acerque por las oficinas de RR.HH., para una entrevista y evaluación personal de su desempeño y consideración de su continuidad, afectó a colorados, liberales, independientes, contratados, nombrados, prestadores de servicios, en muchos de los casos, de los 162, ya fueron reincorporados un gran número”, señaló Ávalos.

Admitió igualmente que por desconocimiento, se procedió a la notificación de término de vínculo, a varias funcionarias embarazadas, cuyos casos serán evaluados y reincorporados inmediatamente, debido a que existe una ley especial, que protege sus derechos laborales, aseguró Ávalos.

Respaldo legal para despidos
El gobernador actual, Alejo Ríos (PLRA), se respalda jurídicamente en un fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), promovida durante la gestión del ex gobernador, Mario Varela Cardozo (ANR), en 2016, atacando de inaplicables unos 32 artículos de la Ley 1.626/2000, de la Función Pública.

Varela, ante una situación similar de rescisión laboral, había planteado la inaplicabilidad de la Ley de la Función Pública, que rige las actividades y consagra los derechos laborales del personal público dependiente del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que, ésta Ley, atentaba contra el principio de autonomía política, administrativa y normativa, descentralización y autarquía, de las gobernaciones.

El fallo judicial, fue dictado por los ministros de Corte, Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica, miembros de la sala constitucional, en fecha 4 de setiembre de 2017.

Parte del “Resuelve” del fallo constitucional de la CSJ, ante la acción planteada por la Gobernación del Caaguazú, durante la gestión Mario Varela (ANR) //Gentileza

Consecuentemente, deja vedada la remisión legal del personal público de la Gobernación del Caaguazú a la Secretaría de la Función Pública, y la confina a recurrir al Código Laboral Paraguayo, vigente.

La admisión de inconstitucionalidad de la normativa, en relación a la Gobernación de Caaguazú, relega las categorías de cargos públicos de confianza y/o contrataciones de personal temporal, a que cualquier controversia que se suscite, como resultado de una desvinculación, se tramite ante las oficinas del Ministerio del Trabajo, al amparo del Código Laboral.

René Ávalos, por su parte, refirió que de los 162 casos de desvinculación, un gran número volverá a ser reincorporado, en tanto, aquellos nombrados o permanente, cuya antigüedad no exceda los diez años de trabajo (que cera estabilidad laboral), serán plenamente resarcidos e indemnizados, conforme establece la Ley.

Adelantó que el presupuesto vigente del gobierno departamental, para pago de indemnizaciones laborales, previsto para el presente ejercicio fiscal, ronda los G. 400 millones, con los que se buscará hacer frente a los eventuales compromisos económicos que traigan aparejados, los despidos del personal permanente o contratado.

Ávalos, anunció igualmente que, para llenar las vacancias generadas como circunstancia de la desvinculación laboral del personal, operativo, administrativos y/o de otra índole, la Gobernación del Caaguazú llamará a concurso público de oposición de méritos y aptitudes.

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