Justicia peruana indaga denuncia de plagio que salpica al MEC de Paraguay

• Las denuncias de supuesto plagio de materiales didácticos, por parte de la Universidad San Ignacio de Loyola, entregados a docentes capacitados por el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, han generado repercusiones en la justicia peruana.
• El proceso impulsado en Paraguay por la Unión Nacional de Educadores (UNE), ha arrimado documentaciones importantes ante el Ministerio Público del Perú, las cuales comprometen a la universidad, con sede central en el país andino.
• De acuerdo a la cuantificación hecha por los denunciantes, el daño ocasionado a unos 2.800 docentes capacitados, ascendería a unos U$S 2 millones, que el MEC habría pagado a la USIL, en la era Enrique Riera Escudero.

El plagio en el Perú se ha convertido en un virus implacable. El último escándalo es de carácter internacional e involucra a una universidad privada: San Ignacio de Loyola (USIL). La casa de estudios, propiedad del exvicepresidente Raúl Diez Canseco, ha sido acusada de plagiar textos del Ministerio Educación peruano para utilizarlos en un curso de capacitación de docentes en Paraguay. Por estas clases la USIL le habría facturado al Estado paraguayo dos millones de dólares, según se hace eco la prensa peruana, a partir de las denuncias formuladas en nuestro país.

A mediados del 2017 el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay convocó a una licitación para capacitar a 2.800 de sus docentes. El objetivo del concurso era contratar la edición de una serie de libros de química, biología, geología, matemática y Educación para la Salud, orientado a los profesores, y con ellos brindar un seminario de capacitación.

Inicialmente la ganadora del concurso público fue la Universidad Nacional de Asunción pero sorpresivamente la licitación se cortó y después se entregó a la filial paraguaya de la USIL. “De un momento a otro el proceso con esa Universidad estatal se cortó para direccionar el contrato con a una entidad privada sin mucha experiencia, que funciona dentro de un colegio y que se había presentado en consorcio con la matríz peruana”, señala Fidel Oviedo, Periodista de Radio Ñanduti, una de las más escuchadas en el Paraguay.

Aquello originó las primeras denuncias. De acuerdo al periódico digital “Oviedo Press”, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el gremio de maestros más grandes del Paraguay, denunció públicamente que la adjudicación a favor de la USIL había sido gestada en la Embajada de Paraguay en Lima el año pasado, durante una recepción en la que coincidieron el dueño de la USIL PERÚ, Raúl Diez Canseco, Miguel Ángel Mazzoni, y el entonces Ministro de Educación del Paraguay y responsable del contrato, Enrique Riera.

En marzo de este año, cuando finalizó la capacitación algunos dirigentes de la UNE fueron advertidos de que varios de los libros empleados en la capacitación de los profesores; “contenían sospechosas coincidencias con textos que se habían publicado previamente por parte del Ministerio de Educación del Perú”, de acuerdo a un informe que maneja la Embajadora paraguaya en Lima, Ana Baiardi Quesnel.

Los referentes del sindicato paraguayo decidieron entonces comunicarse con César Sanchez Ruiz y el abogado Richard Morí Ampuero, sus contactos en Lima a quienes les enviaron los ejemplares editados por el consorcio con la misión de comprobar si aquello de los plagios era cierto.

Sanchez y Mori contrataron los servicios de tres peritos que meses después, confirmaron las sospechas. El primer informe estuvo a cargo del Economista Enrique Columbus Céspedes, quien detectó varios plagios en los 7 libros que les fueron entregados para el análisis.

Por ejemplo, con respecto al libro dedicado al curso de Álgebra concluyó que 41 páginas habían sido copiadas, en el de Geometría Analítica encontró plagio en ocho páginas; en el de Geología en seis y en el de Biología, en cinco páginas.

El segundo informe pericial estuvo a cargo Miguel Poquioma Ángeles y Luis Sanchez Laos, quienes no hicieron más que confirmar los hechos. Estos especialistas descubrieron contenidos textuales reproducidos fielmente de las publicaciones correspondientes al Ministerio de Educación del Perú publicados en textos oficiales (desde el año 2016) para la enseñanza de docentes en los centros educación secundaria, bajo el titulo Rutas del Aprendizaje y publicados en soporte electromagnético.

El pasado 13 de Agosto, peritajes en mano, Sánchez y Morí acudieron a la segunda Fiscalía especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual para denunciar penalmente al Rector de la USIL – PERÚ, Ramiro Salas Bravo, y a la Directora de Proyectos Educativos y Postgrado de la misma casa de estudios, Victoria Jiménez Chumacero, así como a dieciséis funcionarios de la filial paraguaya.

Aquí la denuncia pasó prácticamente inadvertida, pero en Paraguay los medios de comunicación más importantes recogieron el testimonio del Presidente de la Unión de Nacional de Educadores, Eladio Benitez, quien exigía el esclarecimiento de los hechos.

Una semana después el tema tomo un nuevo impulso cuando el director de proyectos del Ministerio de Educación del Paraguay, Félix Kemper renunció a su cargo por el escándalo. Simultáneamente, la Unidad Anticorrupción homologa de las procuradurías peruanas, anunció el inicio de una investigación para determinar posibles responsabilidades y una auditoría completa a todos los proyectos educativos.

De comprobarse los delitos, el gobierno paraguayo ordenaría que las 300 horas de cursos de capacitación llevadas por los 2.800 docentes sean declaradas inválidas.

Preguntado por el caso, el rector de la USIL – Paraguay, Yan Esperanza, también incluido en la denuncia penal presentada en el Perú, “tercerizó” su responsabilidad en el asunto;  “La Usil Perú contrata proveedores externos especialistas en desarrollar algunos de estos manuales, entonces, obviamente, los responsables son los proveedores”, dijo Yan Esperanza al diario “ABC COLOR”, unos de los medios más importantes del Paraguay.

Una versión similar ofreció Jose Sotomayor, jefe de la oficina de Imagen Corporativa de la USIL, en el Perú. En una carta dirigida al escritor Eduardo Gonzalez Viaña, quien dio a conocer el tema en el Perú, señala que dichas “guías temáticas de apoyo no fueron elaborados por USIL, ni por sus colaboradores, sino por quienes las elaboraron en su condición de proveedores contratados”.

En la misma carta, Sotomayor acepta que los textos “tienen omisiones en la metodología de utilización de citas”. Y afirma que ya se ordenó la elaboración de las nuevas guías “mejoradas”. Cuando se intentó contactarlo para preguntarle sobre la identidad de los responsables no se obtuvo respuesta.

El fiscal Miguel Puricón Yaipén solicitó al Ministerio de Educación que un representante acuda a su despacho para “precisar si las obras incluidas en la denuncia de parte son de titularidad del MINEDU, si ha tomado conocimiento del plagio en Paraguay y si sabe si el Estado paraguayo viene utilizando dichos textos”, como parte de una diligencia previa al inicio de la investigación preliminar.

Dos semanas después la procuraduría del Ministerio de Educación de Perú respondió a la solicitud fiscal y nombró a un equipo de seis abogados para que se encargue de la defensa del Estado durante la investigación del caso.