Sindicalistas de Itaipú podrían ser imputados por coacción y perturbación del servicio público
- El fiscal Santiago González informó este martes que los miembros de sindicatos de la Itaipú que supuestamente amenazaron con la paralización de la hidroeléctrica como represalia al recorte de salarios podrían ser imputados por coacción y perturbación del servicio público.
- Los hechos punibles son analizados debido a la decisión del Ministerio Público de abrir una causa penal, con el objetivo de indagar el tenor de la nota divulgada en la tarde del lunes por miembros de cinco sindicatos de la Itaipú Binacional.
Tras un primer análisis de la nota, el fiscal de la causa Santiago González indicó que la situación se encuadra en dos tipos penales, cuyos responsables podrían ser imputados por coacción y perturbación del servicio público.
“La investigación gira en torno a estos dos tipos penales y el tenor de la nota es grave atendiendo el reproche por la situación en la que estamos”, expresó el fiscal en comunicación con Monumental 1080 AM.
El representante del Ministerio Público explicó que en el caso se aplica el hecho de perturbación del servicio público porque se amenaza con parar el aprovisionamiento de un servicio de vital importancia como lo es la energía eléctrica.
González también señaló que estos hechos cuentan con una expectativa de pena de hasta cinco años o multa. No obstante, se verificará si se encuentran otras conductas irregulares.
A través de una nota dirigida al director paraguayo de la Itaipú, Ernst Bergen, cinco de los nueve sindicatos de trabajadores manifestaron su rechazo al recorte de sueldos anunciado por el Gobierno para el sector público y las hidroeléctricas, con lo cual se pretende ahorrar USD 52 millones para destinarlos a un fondo de emergencia para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El rechazo se desató debido a que el titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, instruyó a los directores para que ningún funcionario gane más de G. 37 millones por los próximos tres meses, atendiendo a que hay funcionarios con un sueldo desproporcional en relación con lo que percibe la mayoría de la sociedad en concepto de salario mínimo (G. 2.192.839).
