Sentencias a Lula son anuladas y líder izquierdista vuelve a ser elegible en Brasil

  • El ministro de la Suprema Corte Federal, Edson Fachin, anuló, el pasado lunes (8), todas las condenas contra el ex presidente brasileño Lula. Con la decisión, el líder de izquierda puede postularse para las elecciones presidenciales en 2022.

Luiz Inácio Lula da Silva/Instagram

Por Paulinho Alafro.

Lula había sido condenado en dos causas penales por corrupción y lavado de dinero, en el caso de un triplex y una granja, ubicadas en el estado de São Paulo, cuando supuestamente los recibió como sobornos de empresas constructoras a cambio de que estas producirían contratos irregulares con Petrobras.

Para el ministro, las decisiones no pudieron haber sido tomadas por el juzgado responsable del operativo, determinando que los casos se reinician por el Tribunal Federal del Distrito Federal. En este sentido, las condenas que le quitaron los derechos políticos a Lula no tienen más efecto y él ya puede postularse para las próximas elecciones, que se celebran el próximo año. El Ministerio Público Federal puede apelar la decisión.

De acuerdo con Edson Fachin, los delitos imputados no corresponden a hechos que involucraron directamente a Petrobras y, por lo tanto, la Justicia Federal de Curitiba no debería ser responsable del caso.

La sentencia del triplex significó al ex presidente una detención de un año y siete meses, entre 2018 y 2019, sin poder participar de las últimas elecciones presidenciales, prohibidas por la Ley de Limpio Registro.

Muchos analistas políticos, así como el propio Lula, apoyan la tesis de que la sentencia se jugó políticamente, en vista del ex juez Sergio Moro, quien, más tarde, se convertiría en el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, este ultimo el principal oponente de Lula en la carrera electoral.

El líder de izquierda ya intentaba anular las condenas mediante un recurso de hábeas corpus en el que cuestionaba la imparcialidad de Moro, responsable por la sentencia en el caso del apartamento. La segunda sentencia, sobre la propiedad rural en el interior de São Paulo, fue dictada por la jueza Gabriela Hardt.

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