Sandra Quiñónez: señaló que la industria del secuestro en Paraguay mueve mucho dinero.

  • La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dijo que el modus operandi del grupo delincuencial autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es el pago del “impuesto revolucionario” en su área de influencia.
  • El criminal sistema de recaudación está vigente y puede significar desembolsos de hasta US$ 50.000 con modalidad mensual, trimestral o anual para los dueños de establecimientos ubicados en el Norte.
La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, abogó por una mejor asignación presupuestaria para las instituciones encargadas de combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). //Archivo-Oviedopress

Por ello, la doctora Quiñónez instó a denunciar los casos y que los afectados colaboren con la identificación de los miembros del EPP. “No quiero ser irresponsable en darte un número, pero mueve mucho dinero porque hay una gente que paga el impuesto revolucionario que ellos le llaman y no avisan a las autoridades”. Dijo que hay personas que prefieren estar abonando durante años el aporte. “Pero ellos después, un día no tenés por A o B motivo, no tenés la suma que normalmente le estás entregando y ellos van a liquidar tu establecimiento o le secuestran o terminan con la vida de esa persona”, sostuvo.

Evidencias halladas en los campamentos
De acuerdo con las evidencias halladas en los campamentos intervenidos durante incursiones realizadas por los grupos de combate al EPP, las sumas solicitadas a los ganaderos de la zona en algunos casos rondan los US$ 50.000 dólares.

Hay veces es un monto alto, tenemos algunas grabaciones que pedían 50.000 dólares, de repente bajan porque la gente no tiene. Ellos saben perfectamente quién puede y quién no puede porque ellos hacen inteligencia las 24 horas”, refirió Quiñónez al mencionar que las negociaciones para establecer el sistema de pago forma parte de un trato entre ellos y puede ser mensual, trimestral o anual.

La titular del Ministerio Público aseguró que tanto la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) así como la Policía Nacional hacen el resguardo de los ciudadanos que quieren trabajar, por lo que instó a denunciar los hechos. “Es triste tener que vivir así. Pero estamos trabajando para acabar con esta estructura criminal que hace 20 años le tiene enlutado al país”, significó.

El impuesto está vigente
Ojalá realmente no paguen el impuesto, denuncien o nos ayuden a identificar a parte del EPP a los otros grupos criminales que se dedican a extorsionar a nuestros compatriotas”, añadió.

La fiscala Quiñónez confirmó que en todos los cuadernos hallados se menciona el impuesto revolucionario. “Vos no podés negar que existe esa figura y que sirve a lo mejor no solo al EPP, a otras organizaciones también, porque de repente las investigaciones están con otros grupos criminales que utilizan o intentan utilizar el modus operandi del EPP para obtener el impuesto revolucionario”, sentenció.

Vinculación política
El secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en el 2001 fue el inicio de la incursión del EPP en lo que se convirtió en una verdadera industria. La liberación se produjo luego de 64 días de cautiverio y tras el pago de un millón de dólares. A lo largo de dos décadas, el grupo criminal ya percibió cerca de cinco millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones.

Quiñónez recordó que desde sus orígenes el grupo criminal siempre estuvo vinculado con sectores políticos; es decir, se gestó desde el movimiento Patria Libre. “Yo te puedo afirmar lo que a mí me tocó vivir. El movimiento Patria Libre, luego partido Patria Libre, ese fue su brazo político más fuerte. Ellos salen desde un movimiento político”, enfatizó.

Mejor asignación presupuestaria
Por otro lado, la fiscala general del Estado abogó por una mejor asignación presupuestaria para la FTC, la Policía Nacional y el Ministerio Público, que se ocupan del combate a este grupo delincuencial. “Porque vamos todo en equipo, en conjunto. El trabajo en conjunto, es de equipo, porque si la FTC o la Policía va a hacer un trabajo, tiene que ir acompañado de un trabajo fiscal. Por las evidencias que se deben levantar, y sin la presencia de un fiscal, eso es todo nulo. Entonces se necesita presupuesto para estas instituciones que estamos luchando día a día”, concluyó.

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