Plantean retroceso en transparencia gubernamental
- Desde sectores sociales que impulsaron la legislación original lamentan la “imprudencia política” del Ejecutivo al promulgar automáticamente una ley que dificultará el acceso a la información pública.
- Afirman que fue un día negro y nefasto para la transparencia y anuncian que presentarán otro proyecto para la derogación inmediata.
Con la promulgación automática de la desvirtuada ley de acceso de la ciudadanía a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, básicamente se va a retrasar mucho el proceso, explicó Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Esto se dará porque los ciudadanos tendrán que acudir a la Justicia cada vez que quieran acceder a las declaraciones juradas, según informa el medio digital abc.com.py
“Se optó por el secretismo, por encubrir a los saqueadores del Estado, de gente sospechada (sic) de actos de corrupción. Esa fue la decisión política”, cuestionó Santagada en contacto con ABC Cardinal 730AM esta mañana. El mismo señaló que el Presidente tenía la oportunidad de vetar este “mamotreto”, porque había los votos necesarios para apoyar su medida en el Senado, pero aparentemente cedió a las “presiones” y, finalmente, “primó el secretismo”. “Están empezando a destruir la mayor conquista ciudadana de los últimos tiempos”, lamentó.
No obstante, adelantó que en las próximas horas se presentaría un proyecto de ley para vetar esta nueva legislación. “La transparencia mete miedo al poder político a los corruptos, es una batalla, no le vamos a dejar simple. Si son mañosos, vamos a ser doblemente mañosos”, advirtió.
Además, otro de los puntos más criticados es que se incluye como sujetos de aplicación a todas las empresas concesionarias o contratistas con el Estado y que reciban fondos públicos. “A partir de ahora, cualquier proveedor de chipas de una escuelita tendrá que presentar declaraciones juradas”, destacó y añadió que eso implicará que todos los afectados empiecen a interponer sus respectivas acciones de inconstitucionalidad de manera masiva.
El proyecto original había sido presentado por Paraguayo Cubas, pero fue desvirtuado en la Cámara de Diputados; en principio, determinaba la publicidad y la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas por todos los medios disponibles y de fácil acceso para la población y principalmente a través del sitio web o portal digital de la Contraloría. No obstante, finalmente, los parlamentarios optaron por frenar la publicidad de dichos datos y liberarla solo previa orden judicial, alegando que podrían ser secuestrados y asaltados.
