Marcelo Soto analizó impacto del proyecto “Hambre Cero” de Santiago Peña

• Marcelo Soto, gobernador del departamento Caaguazú manifestó que el anteproyecto sería ejecutado recién el año que viene en caso de ser aprobado.
• Soto dijo que la intención del proyecto es la de garantizar la alimentación escolar para todos los niños, pero expresó sus preocupaciones sobre la capacidad de solventar la universalización.
• El gobernador compartió su inquietud sobre la creación de un consejo con poder unilateral para subrogar la gestión de las gobernaciones en casos de malversación, generando incertidumbre y debate parlamentario sobre el futuro de la administración de fondos para la alimentación escolar.

El gobernador del departamento Caaguazú, Marcelo Soto, compartió con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol sus reflexiones sobre el ambicioso proyecto “Hambre Cero” presentado en la mañana de este lunes por el presidente Santiago Peña. La iniciativa busca la cobertura universal del programa de alimentación escolar en Paraguay, generando cambios significativos en la gestión de fondos y la administración de recursos en distintas gobernaciones del país.

Soto quien participó junto con el Consejo de Gobernadores en dicha presentación, señaló que están analizando los detalles del anteproyecto. “Todavía estamos en el análisis del documento porque nosotros recién esta mañana hemos recibido de buenas a primeras”, expresó, destacando la importancia de estudiar a fondo el documento, recién recibido esta mañana.

“Lo vamos a analizar dentro del consejo de gobernadores para que posteriormente podamos participar del debate parlamentario que se va a generar en torno a este proyecto”, refirió al respecto. El proyecto estipula eliminar el Fonacide para crear el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE).

El gobernador señaló que existen “voces disonantes” respecto a la situación de las gobernaciones de Central y Presidente Hayes, cuyo presupuesto para alimentación escolar pasaría a ser gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que resto de las gobernaciones sí forman parte de este anteproyecto y estarían ejecutando la totalidad de recursos destinados para cada departamento.

En relación con la modificación de los fondos del Fonacide, Soto explicó que la distribución sería diferente a la realizada en el año 2012, que favoreció principalmente a las regiones afectadas por las represas de Itaipú y Yacyretá. Con el nuevo criterio propuesto en el anteproyecto, basado en la cantidad de alumnos matriculados, Caaguazú se vería beneficiado al no haber sido afectado por las represas.

“El criterio que se va a utilizar a partir de esta nueva ley, es la cantidad de alumnos matriculados en el sector público a través del registro único de estudiantes. Esto de alguna manera al departamento Caaguazú va a beneficiar porque no tendríamos esa desigualdad con otras regiones como Misiones, Ñeembucú, Itapúa, Canindeyú, Alto Paraná, que reciben hoy en día muchos más fondos con Fonacide que nosotros que no fuimos afectados por ambas represas. Desde ese punto de vista es bastante beneficioso el proyecto de ley que el presidente entregó al presidente de la Comisión Permanente”, detalló.

“Si se llega a convertir en ley, los recursos vendrían en mayor cantidad a los departamentos que no tuvimos afectación de las represas porque se utiliza otro criterio”, expresó destacando que la redistribución de fondos para universalizar el programa de alimentación escolar, beneficiaría al departamento Caaguazú.

“El proyecto y los procesos que se están llevando adelante no pueden ser frenados, lo que pasaría en el caso que este anteproyecto se convierta en ley, es que el fondo presupuestario destinado al Fonae que engrosaría el presupuesto del departamento Caaguazú, tendría que entrar en otro proceso licitatorio, para completar lo que está previsto en el anteproyecto de ley que es la cobertura universal”, apuntó.

Sin embargo, también expresó sus preocupaciones, especialmente en relación con la creación de un consejo con poder unilateral para subrogar la gestión de las gobernaciones en casos de malversación comprobada. Esta incertidumbre se suma a la complejidad de la transición, especialmente para Central y Presidente Hayes, que enfrentarían complicaciones en la ejecución del presupuesto destinado a la alimentación escolar hasta 2025.

“Lo que me preocupa es que el consejo en forma unilateral puede tomar una decisión y resolver subrogar en la gestión y ejecución de las gobernaciones y otorgarle la totalidad al ministerio de Desarrollo Social, en casos de malversación comprobada de los recursos destinados a la alimentación escolar. Es el dato que me llamó la atención y que va a ser debatido en el ámbito parlamentario. Por lo que sigue la incertidumbre en cierta manera para las gobernaciones”, sostuvo.

“Vamos a conversar con los gobernadores sobre la totalidad del proyecto de ley, no solamente lo que hace a la situación del gobierno de Central y de Presidente Hayes. Pero tenemos que ser solidarios también al momento de analizar, porque puede ser el principio para que todas las gobernaciones corran la misma suerte”, acotó además.

Añadió que la mayor preocupación se centra en la incertidumbre de tener la capacidad de solventar la universalización. Los fondos previstos serían de aproximadamente 250 millones de dólares y la reglamentación finalmente dirá cuánto le corresponde a cada departamento. “Para que posteriormente se pueda hacer la tabla de proyección y podamos ver si realmente nos da la capacidad de abastecer a las 711 instituciones educativas que tenemos en el departamento Caaguazú”, aseveró.

El proyecto establece un índice de prioridad, beneficiando primero a instituciones educativas de pueblos originarios, asentamientos vulnerables y comunidades con mayor índice de pobreza. Soto resaltó la necesidad de una reglamentación clara, especialmente en relación con la transición de la merienda escolar al programa de alimentación escolar, y mencionó la suspensión temporal del proceso de merienda en espera de una respuesta del Ministerio de Educación.

“Tomé la decisión de frenar el proceso de merienda, solicitar al ministerio saber si continuamos o no y de acuerdo con eso, continuamos el proceso. Continúan los tramites para mayor cobertura y solicitamos la aprobación correspondiente al ministerio de educación, para tener un respaldo legal y que no haya problemas cuando salga el proyecto de ley”, señaló.

Manifestó estar de acuerdo con el programa asegurando que en ejercicios fiscales anteriores en todo el país existieron demasiados casos de mal manejo de los recursos del Fonacide y, que, efectivamente, los controles deben ser reforzados. “Pienso, particularmente, que donde tenemos que poner todas las fuerzas, es controlar en tiempo real la ejecución de los programas de alimentación escolar, porque hoy así como está la reglamentación, no es conveniente en el programa de alimentación escolar. Lo que plantea este proyecto de ley es un control en tiempo real, permanente y aleatorio durante los 180 días del año escolar y eso es definitivamente correcto porque va a ayudar a corregir todos los desperfectos que tenga el programa”, manifestó.