Imputadas logran suspender una vez más audiencia de imposición de medidas

  • El Ministerio Público de Coronel Oviedo investiga un supuesto hecho de coacción, denunciado en Simón Bolívar, el que, dadas las dilaciones excesivas no ha podido aún sustanciarse la audiencia de imposición de medidas.
  • Marilina Mora y Floriana Estigarribia, afrontan una imputación fiscal, desde agosto de 2021, iniciando desde entonces varias acciones dilatorias al efecto de evitar deslindar responsabilidad en los supuestos hechos que les atribuyen.
  • Este jueves 31 de marzo, ante el juzgado penal de César Narváez, debió realizarse la audiencia de imposición de medidas a ambas imputadas, el cual quedó pospuesto para el próximo lunes 4 de abril.
Marilina Mora y Floriana Estigarribia, fueron imputadas por el supuesto hecho de coacción, en Simón Bolívar, las mismas vienen evitando la audiencia de imposición de medidas, desde hace meses. //Gentileza

El hecho fue denunciado en agosto de 2021, por 14 “camperos”, pequeños productores de ganadería de la localidad de San Agustín, municipio de Simón Bolívar, Departamento Caaguazú, el hecho de coacción, por parte de tres supuestos dirigentes sin tierra de la zona, quienes aparentemente vendrían dificultando e impidiendo el desarrollo de las actividades laborales de los denunciantes.

Se les atribuye coacción, represión y todo tipo de acciones de amedrentamiento a Marilina Mora, Floriana Estigarribia y Juan de la Cruz Britez, quienes desde entonces, van impidiendo en reiteradas ocasiones, la realización de la audiencia de imposición de medidas, conforme establece el artículo 242 Código Procesal Penal.

La causa es impulsada a través de las diligencias w investigaciones de la agente fiscal de la unidad penal N° 4 de Coronel Oviedo, Gladys Torales de Ovelar, de cuya labor objetaron inicialmente el acta de imputación, recurriendo el mismo, por la vía de la apelación, mismo que fue rechazada por el Tribunal de alzada de esta ciudad, en fecha 24 de febrero pasado.

Luego de rechazado el recurso de apelación, fue fijada fecha para audiencia de imposición de medidas, a los imputados, para este jueves 31 de marzo de 2022, debiendo concurrir Marilina Mora y Floriana Estigarribia, el tercer imputado Juan de la Cruz Brítez, falleció hace un par de meses atrás, según informaciones.

Ambas mujeres lograron suspender la audiencia prevista para la fecha, en razón a la presentación de certificados médicos que, refieren que se encuentran con indisposición de salud, al igual que el abogado defensor, Enrique Hugo Gamarra, diagnóstico médico firmado por el médico, Arnaldo Uldera, documento al cual fío trámite el juez penal de garantías, César Narváez, estableciendo como nueva fecha de audiencia, para el próximo lunes 4 de abril del año en curso.

El documento de notificación de nueva fecha para audiencia, establece que las mismas deberán comparecer, bajo apercibimiento de lo que establece 82 del Código Procesal Penal, que decalara la rebeldía y ordena la captura de las imputadas, así como el abandono de la defensa técnica, de conformidad al artículo 106, del mismo cuerpo normativo, en la eventualidad de que no comparezcan acompañadas por defensa técnica alguna.

Antecedentes del caso
Se hallan en disputa unas 420 hectáreas de tierras del INDERT, donde los beneficiarios estarían siendo coaccionados para arrendar y/o vender sus lotes, por parte de los denunciados.

Caso relacionado: Fiscalía imputa por coacción a supuestos sintierra de Simón Bolivar

Los denunciados, supuestamente a través de medidas de represión vienen impidiendo sistemáticamente el ingreso a los terrenos, a sus legítimos propietarios, habiendo de por medio inclusive permisos de ocupación y títulos de propiedad otorgados por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a los sujetos de la reforma agraria.

El hostigamiento por parte de estas tres personas provendría a raíz de que los pobladores no estarían accediendo a arrendar sus lotes o directamente a vender sus “derecheras” a terceros interesados, por lo que, la situación cada vez se torna más insostenible.

Es más, la denuncia penal consigna que a través de la fuerza física, represiones violentas e incluso intimidaciones con armas de fuego y machete, los denunciados estarían usurpando las tierras e impidiendo la producción ganadera, que ya ha registrado unas 38 cabezas de ganado muertas, por tal motivo

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