Estados Unidos gasta 12 millones de dólares anuales en pago a 18 mil soplones
- La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha gastado 12 millones de dólares anuales en el pago de “premios” a informantes confidenciales, con el objetivo de desmantelar organizaciones del narcotráfico y así quedarse con su dinero.
- Un informe enviado al congreso de Estados Unidos, una auditoría y otros documentos federales revelan que la dependencia norteamericana encargada de erradicar el tráfico de drogas ha ido incrementado los recursos destinados a pagar “fuentes” que ofrecen datos útiles que sirven para confiscar propiedades y cuentas bancarias de narcotraficantes mexicanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió que durante 2021 se gastaron 7 millones 871 mil dólares en “premios” para los informantes secretos. Mientras que al finalizar 2022 se habrán invertido 13 millones 510 dólares.
Los “gastos de investigación” para 2023 se dispararán hasta los 16 millones 086 mil dólares. Las cifras anuales de pago a informantes palidecen frente a los 12 mil 600 millones de dólares que un juez de distrito ordenó incautar a Joaquín El Chapo Guzmán, los cuales debió entregar al programa de Confiscación de Activos, el mismo que otorga los fondos para pagar “los premios” a las fuentes confidenciales. Hace cinco años, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes denunció que a pesar de todo el dinero gastado, estos informantes confidenciales tienen intereses oscuros.
“En general, estos programas relacionados con la inteligencia se centran en obtener conocimiento de las actividades operativas de las organizaciones del tráfico de droga”, dijeron.
Según este documento, desde hace cinco años detectaron que existían riesgos significativos en el uso y pago de fuentes confidenciales, ya que a menudo estas personas estaban asociadas a actividades criminales, motivados por la compensación económica y para obtener una sentencia penal reducida.
Informantes confidenciales también han sido utilizados por el Departamento de Justicia para tratar de enjuiciar a narcotraficantes mexicanos. En algunos casos, la defensa de los narcotraficantes han intentado desacreditarlos.
