El negocio de transferir a comisiones para evitar control de Contrataciones Públicas

• La administración municipal de la ciudad de Caaguazú fue denunciada por supuestas graves irregularidades en la administración del dinero público.
• Documentos oficiales evidencian una triangulación de recursos públicos entre la municipalidad, comisiones vecinales y empresas privadas amigas de la familia en el poder.
• En un solo año, José ‘Papu’ Ríos, transfirió G. 394 millones a una sola comisión que actuó como una “sucursal” de la dirección financiera de la propia municipalidad.

A comienzos del mes de abril del 2019, a poco más de un año de cuando el intendente electo, en comicios extraordinarios, José ‘Papu’ Ríos Núñez, asumió la intendencia municipal de Caaguazú, se constituía una comisión denominada, “Comunitaria Pro Desarrollo”.

Este paso sería el primero de una serie de gestiones administrativas municipales, que levantarían serias sospechas de irregularidades en el manejo del dinero público dentro de la municipalidad de la Capital de la Madera.

El 07 de julio del mismo, la comisión logró protocolizar el estatuto por lo que se convirtió en Comisión reconocida oficialmente por la propia administración municipal del novel intendente, José ‘Papu’ Ríos.

De acuerdo a los documentos oficiales, presentados en la denuncia ante la Contraloría y el Ministerio Público, el día 05 de agosto (28 días tras la aprobación de estatuto), la Comisión Comunitaria Pro Desarrollo, ya recibió una transferencia de G. 202.077.000, de parte de la municipalidad de Caaguazú.

¿Cuál era el destino que le daría la comisión, presidida por Manuel Figueredo Samudio, a la millonaria suma?.

La Comisión Comunitaria Pro Desarrollo se encargó de presentar una solicitud de recurso, acompañada de una lista de calles a ser empedradas, y con ese argumento el intendente Ríos Núñez, resolvió transferir la millonaria suma y la administración de los G. 202.077.000 pasaba a cargo del presidente, Manuel Figueredo Samudio y su comisión directiva.

La solicitud fue presentada el 28 de junio del 2019, antes que el estatuto de la Comisión estuviera protocolizado.

Las obras de empedrado fueron ejecutadas por la empresa Vial Construcciones, propiedad de Rubén Darío Penayo Galeano.

La Comisión, incluso se encargó de presentar tres boletas de presupuesto, como para elegir a la “oferta más baja”. Se presentaron presupuestos de los siguientes oferentes: Enrique César González Cristaldo con RUC 2582299-3, Verónica Quintana Marcelli con RUC 3878789-0, ambos personas de la ciudad de Asunción y con estrechos vínculos; y la empresa Vial Construcciones, propiedad de Rubén Darío Penayo Galeano con RUC 6714851-4, este último de la ciudad de Caaguazú, y quien finalmente ejecutó la mano de obra de los empedrados.

De acuerdo a la nota de solicitud, los frentistas se encargaron de comprar los materiales como piedras, arena, cordones, etc, por lo que los G. 202.077.000 fueron destinados al pago de mano de obra la construcción de supuestamente 9.321 metros cuadrados de empedrados, según consta en la factura de la proveedora.

Otra transferencia
Un día antes de la transferencia de G. 202.000.000, el 05 de agosto, a través de la Orden de Pago Nro. 3.122, José ‘Papu’ Ríos Núñez, realizó una transferencia paralela de G. 192.669.476, a la misma Comisión Comunitaria Pro Desarrollo quien presentó, el 19 de julio del 2019, una nota de solicitud de transferencia de recursos económicos para un peculiar rubro: reparación de capillas de la ciudad.

En un tiempo record de 17 días, ‘Papu’ Ríos realizó la transferencia a la misma comisión, sumando un total de G. 394.000.000 que sería administrada por su presidente, Manuel Figueredo Samudio.

Una vez más fue adjuntada a la nota, una lista de las capillas que serían beneficiadas con la reparación, a través del dinero que administraría la Comisión de Comunitaria Pro Distrital.

El 11 de setiembre la Ferretería  Salvador, propiedad de Olga Mendoza, empresa y persona con estrecho vínculo con Juan Ramón Bogado López (recuerden este nombre), emitió cinco facturas cuyo monto totalizaba la cantidad exacta que esta comisión recibió en su segunda transferencia, G. 192.669.467.

La modalidad de transferencia de recursos públicos a una única comisión y que la misma destine a distintas organizaciones y comisiones vecinales, llama poderosamente la atención debido a que la administración municipal libera el uso indiscriminado de los fondos que queda al arbitrio una comisión y no la propia municipalidad, quien es la ordenadora de gastos.

Llama también la atención que para obras que no superan los G. 50 millones se ha llamado a licitaciones, sin embargo en una sola vez, José ‘Papu’ Ríos Núñez, transfirió una millonaria suma a una comisión recientemente constituida y sin ningún antecedente que ampare su efectividad y transparencia.

La presentación de ofertas por parte de Enrique César González Cristaldo y Verónica Quintana Marcelli, personas con estrecho vínculo, y cuyas empresas están domiciliadas en la ciudad de Asunción, no fue casualidad ni fortuita. Formaría parte de una estrategia para el supuesto monopolio de los contratos y adjudicaciones.

¿Connivencia?
Tal vez sea mera casualidad, sin embargo existe un dato de vinculación muy estrecha entre dos personas que, de alguna forma son responsables de la operación de transferencias, y rendiciones de cuentas.

De acuerdo a la Planilla Oficial Municipal, el director municipal de finanzas de la municipalidad de Caaguazú es, Juan Alberto Macareño.

La contadora que realiza y firma las rendiciones de cuentas de la Comisión Comunitaria Pro Desarrollo es, Norma Olivella.

Luis Alberto Macareño y Noelia Olivella tienen en sociedad la empresa de consultoría contable OliMac, además son marido y mujer.

El vínculo existente es motivo de alta sospecha de supuestas connivencias en cualquier hecho de irregularidad denunciada por la Contraloría ciudadana.

De esta forma, la transferencia a comisiones se convierte en una forma de evadir los controles y la responsabilidad en el manejo del recurso público en la municipalidad de Caaguazú. La “estrategia” permite la discrecionalidad en la adjudicación de obras, sin que pase por el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Lea el próximo capítulo de esta serie de investigaciones: ‘Papu’ Ríos, la transferencia a comisiones y el monopolio de contratos