Condenados
“No hay pueblo sin memoria. Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado” Adolfo Pérez Esquivel.
JUAN PABLO FERNÁNDEZ BOGADO
@jpferbo
Abogado
Tras la revisión de datos en torno a la “efectividad” de la ley 5282/14 de “Libre acceso ciudadano a información pública” y su “real” implementación en todo el país me llamó mucho la atención que donde se complica es en el manejo de archivos por parte de las instituciones públicas.
Vivimos en tiempos donde la tecnología debe estar al servicio de la gente escribiendo en algún buscador interno y que la información esté a disposición en contados segundos. Esto no pasa porque ni archivos existen en algunos lugares y por ende a nadie la importa porque, si no hay una sanción fuerte, a nadie le importa.
Es urgente empezar el debate en torno a la modificación o creación de una nueva herramienta que nos permita tener documentos públicos al servicio de todos de forma ordenada, creíble y por sobre todo que ayude a construir la memoria institucional de la Nueva República.
La ley que tenemos no sirve evidentemente.
El Consejo Internacional de Archivos (ICA) busca a través de La Declaración Universal sobre los Archivos y que fue adoptada por la UNESCO en noviembre de 2011 dejar estos principios:
- Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria; 2. Los archivos conservan un patrimonio irremplazable que se transmite entre generaciones; 3. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado; 4. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas; 5. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva; 6. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, pro-mueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida.
Urge entender cuán importante es esto para seguir siendo país.
