Vecinos afectados por contaminación de vertedero clandestino exigen cierre definitivo del lugar

• Moscas y otras alimañas se volvieron parte del paisaje en la zona conocida como Tacurú, en Caaguazú. Los lugareños, hartos de la situación, exigen la intervención de las autoridades.
• El fiscal Fermín Segovia lleva adelante la investigación, pero anunció que “no va a imputar por presión”, afirmando que desconoce si se confirmó o no la existencia de la contaminación ambiental que genera el vertedero.
• “Queremos el cierre definitivo”, piden a gritos los vecinos de la zona afectada por el aire y las aguas contaminadas.

El aire denso con un nauseabundo olor y la presencia persistente de moscas y otras alimañas se han vuelto una realidad cotidiana para los residentes. Sin embargo, es el agua negra que brota de las canillas lo que lleva la situación al límite. La vida en la zona conocida como Tacuru, en el distrito de Caaguazú, se ha convertido en una lucha constante contra la contaminación y la negligencia ambiental.

Sentarse afuera para disfrutar de un tereré o una comida en familia ya no es una opción viable. Las moscas invasoras se adueñan de cualquier alimento expuesto al aire libre, convirtiendo cada momento en una batalla contra la insalubridad. Los vecinos, cansados de esta situación que lleva ya siete años, claman por una solución urgente.

El origen del problema se encuentra en un vertedero clandestino ubicado en una parte alta de la zona. Cada vez que llueve, los desechos se mezclan con el agua y descienden hacia un arroyo que abastece a toda la comunidad. Esta contaminación afecta no solo el suministro de agua, sino también la salud de quienes dependen de este recurso.

Los residentes alzaron su voz en protesta exigiendo el cierre inmediato del vertedero. Vilma Paniagua, una de las afectadas, relató a OviedoPress la larga odisea que enfrentan junto con sus vecinos para ser escuchados por las autoridades. “Hace años que estamos luchando… para ver si el MADES, la Fiscalía nos escuchan”, lamentó.

Petrona Fernández afirmó que el agua que sale de las canillas se sirve con un tono oscuro y repugnante. “Nos afecta al arroyo, negra sale el agua. En el naciente llueve y arrastra, ahí el agua nos sale contaminada”, explicó con tristeza.

La situación es especialmente difícil para aquellos con familiares con algún tipo de discapacidad, como el caso de lo Rosalba Ribis, quien mencionó que su hermano discapacitado es uno de los más afectados. “Le hace muy mal”, sostuvo.

“Los lixiviados van directo al arroyo que los indígenas usan también para poder alimentarse, pescan ellos ahí. Representa un peligro y es una molestia para toda la comunidad. Al no ser un vertedero habilitado no sigue tampoco las reglas que tiene que estar cumpliendo”, aportó Osvaldo Núñez.

Miguel Sánchez pidió que, por el bien del vecindario, el vertedero sea trasladado hacia otra zona. “Seis a siete años ya que soportamos esto, que lleven a otro lado, no creo que no hay otro”, apuntó. “Nuestro barrio no merece lo que nos hace ese señor. Queremos el cierre definitivo”, acotó Sonia Benítez.

La calidad de vida en el barrio se ha visto gravemente comprometida, obligando a los residentes a vivir en un constante estado de alerta y preocupación, pero a pesar de las quejas y denuncias de los vecinos, las autoridades parecen haber hecho poco para resolver el problema de manera efectiva.

La fiscal Norma Salinas tomó intervención en el caso y constató la grave situación que viven los lugareños, pero la causa pasó a manos del fiscal Fermín Segovia, quien alegó no poder imputar sin pruebas contundentes. “No voy a imputar por presión”, expresó el representante del ministerio público.

Segovia afirmó que no se trata de un vertedero clandestino teniendo en cuenta que cuenta con autorización del Ministerio del Ambiente para operar. No obstante carece de la habilitación municipal. Según la cartera estatal si bien es requisito previo la obtención de autorizaciones, no determina la habilitación de proyectos o actividades, sino que esta es una competencia estricta municipal. Por ende, pese a la autorización de MADES, el vertedero es clandestino teniendo en cuenta que no cuenta con la habilitación de la comuna.

Inicialmente, la causa contra el propietario estaba siendo llevada por la fiscal Marta Leiva, pero en septiembre del año pasado pasó a manos del fiscal Fermín Segovia. Este último “aclaró” que el lugar no podría ser considerado clandestino, ya que el MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) había autorizado su uso como disposición de residuos. Segovia mencionó que la autorización sigue vigente y que debe ser auditada cada año en marzo.

El fiscal afirmó que desconoce si existe o no contaminación. La propiedad pertenece a Carlos Ramírez Franco, político Colorado y ex concejal municipal, quien según señaló la representante del ministerio público ya había sido notificado anteriormente por la comuna.