Universidades privadas advierten fuga de alumnos por nueva ley lingüística

• La Ley 7.324 obliga a los estudiantes extranjeros a certificar su dominio del español, lo que podría provocar una masiva migración de alumnos brasileños a otros países.
• La presidenta de UFAMED, Dra. Emma Paoli de Viedma, cuestionó la normativa y advirtió que su implementación impactará en la economía local y en la formación de profesionales de la salud.
• Aunque se argumenta que la medida busca mejorar la comunicación en hospitales públicos, los expertos señalan contradicciones en la normativa y posibles conflictos con tratados del Mercosur.

La recientemente reglamentada Ley 7.324, que exige a los estudiantes extranjeros rendir un examen internacional de competencia en español, podría provocar una fuga masiva de alumnos, especialmente brasileños, de las universidades privadas de Paraguay. Así lo advirtió la Dra. Emma Paoli de Viedma, presidenta de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMED), quien señaló que la medida afectará gravemente a la educación superior y a la economía local.

Según explicó la especialista, la normativa fue aprobada en abril de 2023 y posteriormente reglamentada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). La ley establece que los estudiantes deben acreditar su dominio del español mediante exámenes reconocidos internacionalmente, como el SIELE, avalado por el Instituto Cervantes de España.

Paoli de Viedma alertó que una disposición similar se implementó en Argentina el año pasado, lo que llevó a muchos estudiantes brasileños a emigrar a Bolivia, Paraguay y Perú, donde no existía dicha exigencia. Ahora, con la entrada en vigor de la norma en Paraguay, se teme que el éxodo continúe hacia otros países con regulaciones más flexibles.

Actualmente, en la frontera paraguaya residen alrededor de 45.000 estudiantes brasileños de Medicina, cuya permanencia genera un impacto económico considerable. Se estima que cada alumno invierte aproximadamente 1.100 dólares mensuales, de los cuales 250 dólares corresponden a los costos universitarios y el resto a vivienda, alimentación y otros gastos. Esto no solo beneficia a las instituciones educativas, sino también a comercios y sectores de servicios en las ciudades donde estudian.

Uno de los puntos más polémicos de la normativa es la aparente contradicción en su contenido. La Dra. Paoli de Viedma destacó que el artículo 3 de la ley especifica que “el certificado de competencia en español no será exigido si el programa de estudios es dictado en el idioma nativo del estudiante extranjero”. Esto, según la experta, “significa que una universidad paraguaya podría ofrecer clases en portugués, lo que deja un vacío legal importante”.

Asimismo, recordó que los tratados del Mercosur, como el de Ouro Preto y el de Asunción, reconocen tres idiomas oficiales: español, portugués y guaraní. Esto podría generar conflictos normativos en la implementación de la ley, ya que restringe el acceso de estudiantes de países miembros que hablan una de las lenguas oficiales del bloque.

Uno de los argumentos principales para justificar la medida es la barrera idiomática en los hospitales públicos, donde los estudiantes extranjeros realizan sus prácticas. Sin embargo, la presidenta de UFAMED aclaró que “la comunicación con los pacientes está a cargo de tutores, quienes traducen las consultas médicas cuando es necesario”.

Además, subrayó que las universidades privadas que forman profesionales de la salud contribuyen con el 10 % del ingreso mensual por alumno al Ministerio de Salud Pública, lo que permite la compra de insumos médicos y equipamiento para los hospitales públicos. Por ello, la medida no solo afectaría la educación, sino también el sistema de salud y la economía en general.

La incertidumbre sobre los efectos de la Ley 7.324 genera preocupación en distintos sectores, mientras las universidades privadas buscan alternativas para mitigar su impacto y evitar la pérdida masiva de estudiantes extranjeros.