Una vez más no entregó información pública

  • El gobernador del Caaguazú, Alejo Ríos, con argumentos excusas evadió proveer información pública.
  • Negó proveer extactos de cuentas bancarias de su administración y rendición de cuentas por transferencias a comisiones.
  • Actualmente está judicializada otra negativa anterior a la previsión de Información Pública, en abierta violación a la Ley 5282/14

Alejo Ríos Medina, Gobernador del Caaguazú. || Archivo – OviedoPress.

De acuerdo a la solicitud Nº 23939 se pidió extracto bancario de transferencia a Comisiones y rendición de cuentas el pasado 26 de agosto del año 2019 a la Gobernación del Caaguazú a través de la oficina de Acceso a la Información Publica. Las informaciones solicitadas estaban enumeradas en cuatro punto.

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1- Extracto de todas las cuentas bancarias de la institución, desde agosto del 2018 hasta agosto de 2019.

2- Lista de Transferencias de Recursos a Comisiones, desde agosto del 2018 hasta agosto del 2019 con los siguientes documentos:

a) Resolución de Transferencia
b) Organización beneficiaria
c) Responsable de la Organización
d) Monto transferido
e) Destino y objetivos de la inversión de cada transferencia
f) Copia de la hoja de cheque de cada transferencia.

3- Rendición de cuentas de cada Comisión que recibió transferencia, desde Agosto del 2018 a Agosto de 2019, con los documentos respaldatorias (copias de facturas)

4- Copia del informe de gestión que presentó el gobernación, Sr. Alejo Ríos Medina el pasado 25 de agosto, en el distrito de La Pastora.

A través de una nota sin fecha la gobernación del Caaguazú respondió a través de comunicación por email el requerimiento solicitado de información pública sobre la provisión de extracto de cuenta bancaria de la gobernación del Caaguazú expusieron la siguiente excusa de que no están en conocimiento de que si existe o no una ley que prohíba la provisión de datos bancarios y extractos de cuenta de una institución pública por lo cual solicitaron dictamen de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia sin embargo la Administración Departamental de Alejo Ríos cuenta con más de cuatro abogados quienes fungen de asesores jurídicos que no pudieron determinar si estos documentos son de carácter público. La ley 5282/14 de Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental expresa de manera explícita que la información reservada es la que está de manera tácita mencionada en la propia ley, los extractos bancarios no aparecen en esa lista por lo cual la no provisión de esta información constituye la negativa por parte del gobierno de Alejo Ríos a proveer la información pública.

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La Gobernación también se excusó de presentar los informes de rendición de cuentas con documento respaldatorio de las transferencias realizadas a comisiones alegando que solo la controlaría es el ente designado para verificar los documentos de rendiciones de cuentas, de esta manera Alejo Ríos omite dar a conocer que se hace con el dinero público que se transfiere de manera discrecional a las comisiones que la solicitan.

En cuanto a la copa de los cheques de transferencia la gobernación dispuso que el solicitante pase a retirar de la oficina administrativa no habiendo ningún impedimento para que las mismas sean remitidas por email tal y cual fue solicitado en el formulario original de Acceso a la Información Publica.

De esta manera se pone obstáculos y no se facilita el acceso a la información pública la cual debe ser garantizada por los funcionarios públicos electos y designados.

Actualmente la Gobernación del Caaguazú fue condenado a entregar información pública a través de una acción de amparo realizada por la dirección del periódico OviedoPress y el pasado 4 de setiembre a través de la sentencia definitiva 09 del magistrado Cesar Narváez se dispuso y resolvió que la Gobernación debe brindar las informaciones solicitadas que fueron negadas también en su momento.

Alejo Ríos a través de sus asesores jurídicos decidieron apelar la decisión judicial y hasta ahora no han proveído la información pública solicitada en relación a la designación, nombramiento y contratación de funcionarios públicos.

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