Tobilleras electrónicas ya tienen media sanción de Diputados

• El proyecto de ley para el uso de los dispositivos de control había sido aprobado la semana pasada, ahora se resolvió el estudio con modificaciones.
• Tiene como objetivo descomprimir el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento en las distintas cárceles del país.
• La iniciativa pasa al senado para su tratamiento.

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados finalizó este miércoles el estudio del proyecto de Ley que modifica varios artículos normativa que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, más conocidos como “tobilleras electrónicas”, para procesados por la justicia.

La iniciativa había sido aprobada, en general, la semana pasada. Ahora lleva por denominación oficial: Proyecto de ley “Que modifica los artículos 2°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° de la Ley N° 5.863/17, que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, modificada por la Ley N° 6.345/19, que modifica el artículo 7°, numeral 1°, y deroga el artículo 1° de la Ley N° 5.863/17 – Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.

La Cámara Baja reajustó la normativa legal vigente, de manera a facilitar y optimizar su implementación efectiva, ampliando el alcance de la misma; teniendo en cuenta que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo a través de los ministros del Interior y Justicia contemplaba que las mismas fueran costeadas por los procesados.

A través de la principal modificación hecha por Diputados, los procesados en estado de insolvencia comprobada podrán solicitar que sea el Estado paraguayo el que absorba el costo.

La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Equidad Social y Género, pidió acompañamiento del plenario para esta propuesta y explicó algunas modificaciones que son impulsadas. “Se ha incorporado un aspecto muy importante, por lo que por unanimidad decidimos que en caso de insolvencia, absorba el Estado; y en el caso del que tenga condiciones, que pague por el costo de las tobilleras electrónicas”, aseveró.

En tanto, el legislador Hugo Meza (ANR-Cordillera), titular de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros sostuvo que no significará una reducción drástica de la población penitenciaria; pero mediante las modificaciones tampoco quedará solo para beneficio de las personas pudientes. “Ojalá que tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional tengan la capacidad técnica para implementar esta herramienta y que no resulte una ventana más de corrupción”, expresó.

Explicó que constituirá una herramienta importante para que, en tiempo real, la Policía Nacional, como órgano ejecutor, cuente con información privilegiada sobre la persona que cuenta con una medida sustitutiva.

Una de las puntualizaciones se dio en el artículo 3°, donde habla de las condiciones de aplicabilidad. Fue añadido un inciso que determina que “aquellos que reúnan las condiciones para el uso de los dispositivos, pero acrediten insolvencia, con la presencia de dos testigos y en declaración jurada, podrán acceder a la misma con exoneración del pago del canon correspondiente y que éste sea costeado por la autoridad de aplicación”.

Además, en el artículo 6°, con base en una recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se estableció que cualquier persona puede hacer una denuncia cuando se destruye un dispositivo que es utilizado para el control de procesados.

En el inciso 1° del artículo 7°, en la última parte, se resolvió testar lo referido al plazo de 60 días para la reglamentación, pues en el artículo 11° se expresa lo mismo.

En el artículo 8°, donde se apunta al control institucional, fue aprobado el siguiente texto: “Créase la oficina de control interinstitucional que estará conformada por los representantes de las siguientes instituciones: Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Ministerio del Interior; Policía Nacional; y Ministerio de Justicia”, con el agregado del Ministerio de la Defensa Pública. El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo como una alternativa al documento que fuera remitido al archivo recientemente, con el mismo objetivo de descomprimir el sistema penitenciario. Ahora pasa al Senado para su tratamiento.