Salyn Buzarquis denuncia ante Fiscalía una supuesta “rosca mafiosa” en Salud Pública

• El senador liberal Salyn Buzarquis presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra personas que, según sus afirmaciones, manipulan deliberadamente los tomógrafos de hospitales públicos para favorecer a clínicas privadas.
• El legislador calificó el hecho como parte de una “rosca mafiosa y criminal” que convierte la salud pública en un negocio, poniendo en riesgo la vida de miles de paraguayos.

El senador liberal Salyn Buzarquis presentó este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra lo que calificó como una “rosca mafiosa criminal” instalada en el sistema de salud pública. Según el legislador, existen indicios de una estructura que sabotea el funcionamiento de tomógrafos en hospitales públicos a fin de desviar a los pacientes hacia clínicas privadas, donde los estudios pueden costar entre G. 800.000 y G. 2.500.000, dependiendo del tipo de tomografía.

“No estoy con la joda. Dije que les iba a denunciar. Ahora presenté la denuncia, me reuní con el fiscal general del Estado, mesa de entrada, contra las personas que matan paraguayos. Contra los que están en el negociado de la salud pública, los que descomponen los tomógrafos, los que nos hacen mantenimiento, los que los instalan para que sigan ganando con la salud del pueblo”, expresó Buzarquis a través de un video difundido en redes sociales.

Este lunes, Buzarquis entregó la denuncia personalmente al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, con el objetivo de que se inicie una investigación a nivel nacional. Esta apunta contra personas responsables del mantenimiento, instalación y operación de tomógrafos que, según el senador, intencionalmente son dejados fuera de servicio en varios hospitales públicos.

Esta situación, señaló, obliga a los pacientes a recurrir a servicios privados, en muchos casos inasequibles para personas de escasos recursos. “Hay tomógrafos que dejan de funcionar misteriosamente para beneficiar a clínicas privadas. El estudio puede costar entre G. 800.000 y G. 2.500.000, dependiendo del tipo. Es una vergüenza. El que tiene paga, el que no tiene se muere”, lamentó en contacto con el programa Hablando Claro de OviedoPress Multimedios emitido por la 95.3 FM Radio América.

Buzarquis aseguró que la Fiscalía ya tomó conocimiento de la denuncia y que se iniciará una investigación a nivel nacional. “Esto es generalizado, es una estructura instalada en las instituciones públicas para joderle la vida a la gente y seguir negociando con la salud pública”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador invocó varios artículos del Código Penal paraguayo para sustentar su denuncia, entre ellos: lesión de confianza (Art. 194), asociación criminal (Art. 305), omisión de auxilio (Art. 311), inobservancia de condiciones sanitarias (Art. 313) y cohecho pasivo (Art. 307).

Además, pidió la colaboración ciudadana. “Te pido ciudadano, ciudadana, tu ayuda. A vos que sos personal de blanco, que estás cansado de comprar el guante y la jeringa. A vos, si tenés información, pasame en el privado. Vamos a meter tras las rejas a estos bandidos”, dijo en su vídeo.

También hizo un llamado a los ciudadanos, a los profesionales de blanco y a quienes posean información sobre irregularidades en el sistema de salud para que se comuniquen con él de forma confidencial. “Vamos a meter tras las rejas a estos bandidos que juegan con la vida del pueblo paraguayo. La lucha recién comienza”, aseguró.

El senador también apuntó a la administración del Ministerio de Salud Pública, encabezado por María Teresa Barán. Si bien reconoció que su responsabilidad podría ser delegada, subrayó que es necesario individualizar cada caso y sancionar a los responsables directos.

“Hay que individualizar caso por caso, eso se llama en derecho administrativo responsabilidad delegada. Yo manejo, administro la participación asistida, hay responsables, no solamente desde el punto de vista de la iniciativa, sino que, si me asignó a este caso, se compruebe que el equipo de mantenimiento no haga, porque son sobornados, que yo creo que ocurre, o que simplemente decompongan el tomógrafo o no hagan funcionar”, puntualizó asegurando que sería una cadena de situaciones y, por ello, la denuncia por asociación criminal.

Reconoció asimismo que la propia política está involucrada en esta situación, muchas veces. Como el caso de una empresa adjudicada para la instalación de tomógrafos demoran más de un año en cumplir con lo pactado, escudándose en excusas como la falta de adecuación eléctrica en los hospitales. Mencionó incluso el caso de una empresa presuntamente vinculada al senador Luis Pettengill.

“Hay muchos bandidos. Son poderosos que están en todo el tema la salud es un negocio, es un negociado. Yo creo sí te diría el tomógrafo hay condiciones de instalación eléctrica hay una infraestructura hay condiciones técnicas todo eso es cierto pero después el mantenimiento cuando ellos ganan una licitación ellos están obligados a hacer el mantenimiento y el monitoreo”, refirió.

Manifestó que a través de una minuciosa investigación es importante identificar cada eslabón. “Lo que se busca es debilitar el sistema público y fortalecer el privado. Esa es la hoja de ruta que sigue el Ministerio de Salud, y así se condena a muerte a quienes no pueden pagar. El que tiene plata se salva, el que no, se muere. Así de simple”, remató.

Criticó el sistema centralizado actual y propuso una mayor descentralización y uso de tecnología para el control de los recursos y servicios sanitarios. “El objetivo es claro: debilitar el sistema público para fortalecer al privado. Por eso no hay voluntad para descentralizar la salud. Las grandes licitaciones, los medicamentos innecesarios que vencen en los depósitos, mientras faltan los esenciales… todo forma parte de un esquema perverso que vamos a desenmascarar”, aseguró.

Finalmente, Buzarquis reiteró que el proceso de investigación apenas comienza y que no descansará hasta que se haga justicia. “Esto no es una cruzada personal, es una lucha ciudadana por la vida. No podemos seguir permitiendo que la salud sea un privilegio para el que puede pagar”, concluyó.