Recuperación de inmueble despojado en manos de jueces de Coronel Oviedo

• Son ya aproximadamente quince años de disputa legal entre la Empresa González Giménez Import-Export y los dueños de un terreno vecino por una presunta superposición de títulos en la colonia Acosta Ñu de Coronel Oviedo.
• Miguel Armoa, administrador de la empresa dijo que el abogado Jorge González falsificó la firma de Guido González para desistir de acciones legales, lo que pasó desapercibido durante tres años, casi al límite de la prescripción.
• Durante el gobierno de Fernando Lugo, se habría fraguado un título para extender la superficie del lote 63, adjudicado a Perla Britez, hija de Alejandro Britez, invadiendo así parte del lote 64 de González.

El conflicto legal de larga data en la comunidad de San Antonio, Coronel Oviedo, por un inmueble en la comunidad de San Antonio de Coronel Oviedo desde hace quince años, continúa generando estragos a nivel judicial para el propietario de un terreno. Miguel Armoa, administrador de la parte afectada, la Empresa González Giménez Import-Export, el conflicto se originó por una superposición de títulos entre los lotes 63 y 64 de la colonia Acosta Ñu.

El conflicto legal se habría intensificado cuando el abogado Jorge González, quien tenía un poder general de Guido González, falsificó la firma de este último en una nota dirigida al juez Ovelar del juzgado de Caaguazú, aparentemente desistiendo de las acciones legales. Esta falsificación, según Armoa, pasó desapercibida durante tres años, casi al límite de la prescripción del crimen.

“Una falsificación burda, a nosotros nadie nos notificó, nos enteramos después de tres años, ya casi a puertas de que el crimen se prescriba”, indicó Armoa al programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol. El administrador aseguró que la firma falsificada ni siquiera se asemeja a la firma de Guido González. “La firma es tan burda que ni siquiera se asemeja a la firma del señor Guido. Con toda esa falsificación mediocre, los jueces le dan cabida a un criminal para que perjudique. Te da terror, te da miedo”, dijo el administrador.

Armoa afirmó que al abogado Jorge González busca impunidad a través de maniobras judiciales, incluyendo la prescripción de la causa, a pesar de que la Cámara de Apelaciones denegó la prescripción y revocó una resolución del juez Poli Narváez que la concedía.

“Nosotros apelamos el año pasado y la causa subió a la Cámara de Apelaciones. La Cámara deniega la prescripción, revoca la resolución de Poli Narvaez y entonces, Jorge González presenta un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el administrador.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde Jorge González retiró su recurso de inconstitucionalidad antes de ser admitido, lo que, según Armoa, fue parte de un arreglo para asegurar su impunidad. Posteriormente, Narváez otorgó nuevamente la prescripción, a pesar de que, según Armoa, debía inhibirse del caso.

La causa se encuentra nuevamente en la Cámara de Apelaciones y los magistrados Zenobia Concepción Frutos Estigarribia, Catalina Riquelme y Rogelio Frutos deberán decidir si el caso va a juicio oral y público. “Nosotros estamos sumamente preocupados porque el teatro que se arma es todo para favorecerle a Jorge González, para que salga impune”, opinó Armoa.

El inmueble en disputa abarca tres lotes: el 62 de Alejandro Britez, el 63 que nunca se adjudicó a nadie y el 64 que fue comprado por Guido González. Según Armoa, hubo una manipulación de títulos durante el gobierno del Presidente Fernando Lugo, donde el lote 63 fue adjudicado a Perla Britez, hija de Alejandro Britez, y luego se extendió artificialmente para abarcar parte del lote 64. “Fraguaron un título mediante el cual se extendía la superficie del lote 63, al que le llamaron 63-A y entraron a la propiedad del lote 64, propiedad de González”, subrayó Armoa.

El administrador también denunció acciones violentas, como el desahucio de un encargado con cuatro niños dentro de la casa, perpetrado con un recurso presentado por la Abog. Neide de Santos, esposa del Dr. Fabio Santos, basado en la firma falsificada de Guido González. “Presentaron un recurso de desahucio y echaron la casa del encargado del lugar con cuatro chicos menores adentro. Los chicos presenciaron cómo máquinas pesadas tumbaron la casa donde ellos vivían. Yo mismo denuncié ante la fiscal de Coronel Oviedo”, indicó Armoa.

Actualmente, el inmueble en cuestión, de aproximadamente diez hectáreas, se encuentra desocupado y la causa está en la Cámara de Apelaciones. La preocupación de Armoa radica en el presunto favoritismo judicial hacia Jorge González, a quien considera un criminal que está perjudicando a muchas familias trabajadoras de la zona.

“Nosotros le damos trabajo a unas 150 personas en San Antonio, financiamos plantaciones de tomate. Ponemos la semilla y todos los insumos a muchísimas familias. Cuando sale la producción, nosotros también alzamos y nos encargamos de la venta de la producción. Es un daño terrible el que nos está haciendo y muchas veces te quita las ganas de trabajar”, contó el administrador.

Miguel acotó que el desempeño del abogado Jorge González “muy gris” añadiendo que este enfrenta un problema en la Corte por difamación y calumnia con una actuaria en Canindeyú.