¿Qué hace intocable a Mirta Estigarribia?

• ¿Red de influencias, vínculos políticos y familiares detrás de su blindaje en el Poder Judicial de Coronel Oviedo?
• Mirta Estigarribia enfrenta denuncias reiteradas, sumarios administrativos y filtraciones de audios comprometedores, pero nunca ha sido investigada penalmente.
• La más reciente denuncia, en el fuero de la niñez, derivó en su separación del cargo, pero hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no remitió los antecedentes al Ministerio Público.

En Coronel Oviedo, el caso de la actuaria judicial Mirta Estigarribia se ha convertido en una muestra cruda de cómo funciona el blindaje dentro del sistema de justicia. No por falta de denuncias, sino por la sistemática omisión institucional que impide que las consecuencias penales alcancen a ciertos actores.

La abogada arrastra al menos seis sumarios por denuncias graves, de los que salió ilesa. Con el tiempo, perfeccionó su capacidad de evadir sanciones formales.

Pero fue en el fuero de la niñez, uno de los más sensibles del sistema judicial, donde su conducta alcanzó un nuevo nivel de gravedad. La filtración de audios comprometedores, que expusieron su posible injerencia indebida en causas que afectan a menores, motivó; por primera vez, su separación del cargo.

Sin embargo, hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia no remitió los antecedentes al Ministerio Público, lo que impide una investigación penal sobre los hechos. Tampoco el Consejo de la Magistratura, ni el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dieron señales de activar procesos de control o investigación.

La pasividad institucional ha sido transversal. La jueza del fuero de la niñez donde ocurrieron los hechos es Luz Bella Olmedo, y la actual presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú es Sandra Porto Varela.

Hasta la fecha, ninguna de las autoridades judiciales ha impulsado acciones concretas que busquen esclarecer el caso ni marcar distancia institucional con lo ocurrido.

En medio de ese silencio estructural, una fotografía difundida en 2023 toma nueva relevancia: en ella aparecen Mirta Estigarribia, su hijo Sergio Aimar Sosa Estigarribia, el exprecandidato a concejal departamental José Collante, y el senador Silvio “Beto” Ovelar.

Lejos de ser un hecho aislado, la imagen sugiere la existencia de vínculos políticos que podrían ayudar a explicar su blindaje.

Ovelar, apodado “Trato Apu’a” desde que se difundió en 2013 un video suyo promoviendo la compra masiva de cédulas, ha sido vinculado a la colocación de aliados y parientes en cargos clave dentro del Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Ministerio Público y en las binacionales, su esposa Magnolia Mendoza, primos e incluso su suegro, Armando Mendoza, en Yacyretá.

En ese contexto, el caso Mirta Estigarribia no parece una excepción, sino un reflejo de una red de protección tejida desde el poder político y judicial, donde la impunidad no es una falla del sistema, sino una funcionalidad oculta.

La omisión institucional alcanza también al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a autoridades judiciales del propio departamento.

Mientras tanto, quienes denuncian estas irregularidades se enfrentan a una estructura donde la transparencia se castiga y el silencio -o complicidad- se premia.