Productores temen “negociado” con ley de emergencia agrícola

• En octubre pasado fue sancionada la ley de emergencia de la agricultura familiar campesina, que permite le “reivindicación” de los pequeños productores, afectados por los temporales del 2017.
• Esta ley aprobó unos U$S 20 millones a ser destinados a los campesinos, para la reactivación financiera, estos fondos no han llegado a destino, denuncian unos 8 mil afectados.
• Aseguran que han tramitado el acceso a los fondos, entregado documentos y cumplido con las normativas del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), temen que fondos vayan a tomar otro destino, y no precisamente los campesinos.

La Ley 5868/2017 que declara en emergencia la agricultura familiar campesina, en todo el territorio dela República del Paraguay, sancionada en octubre del año pasado, tenía prevista una serie de medidas de urgencia, tendientes a la recuperación, a través de asistencia técnica a los afectados por los temporales que azolaron el campo paraguayo.

Otras de las medidas previstas por la Ley, establecía la recuperación financiera de miles de campesinos, que ante la afectación por las pérdidas ocasionadas a sus cultivos, cayeron en mora crediticia, consecuentemente sus calificaciones ante la banca pública y privada, motivó que sus nombres sean ingresados a la lista negra de Inforconf.

Ante este sombrío panorama, la Ley excepcionalmente estableció mecanismos de acceso a créditos “reivindicatorios”, a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), destinándose a tal fin unos U$S 20 millones, los cuales, hasta la fecha no han llegado a destino, al menos en los departamentos de Caaguazú, Guairá y Caazapá, denunció el dirigente del Movimiento Agrario Popular (MAP), Jorge Galeano.

Es más, afirman que se hallan temerosos de ser víctimas de otra nueva estafa colectiva, trayendo a colación el caso de los productores estafados por un supuesto esquema de adjudicación fraudulenta de créditos a los campesinos, de zonas de San Joaquín, Yhú, Simón Bolivar, Santa Rosa del Mbutuy y Cecilio Báez, por valor superior a G. 3.000 millones, en el que son investigados funcionarios desleales del CAH, que se habrían quedado con el millonario recurso.

“Hace semanas, meses incluso, ya nosotros hemos procedido a la entrega de nuestra documentaciones, iniciado los trámites para solicitud de crédito, en el marco de la Ley 5868, para acogernos a estos beneficios, sin embargo pasa el tiempo y no recibimos respuesta, nuestro temor es que de vuelta ocurra lo mismo, que el dinero destinado a nosotros vaya a parar a manos de estafadores”, lamentó Galeano.

Por otro lado, en estos tres departamentos, estarían afectados alrededor de 8 mil productores de la agricultura familiar campesina, que siguen aguardando los recursos, para impulsar sus cultivos; “El CAH ya recibió los U$S 20 millones, sin embargo nadie sabe dónde fue a parar ese dinero, dicen que se están beneficiando supuestos productores, seccionaleros, que nada tienen que ver con la emergencia”, denunció en otro momento.

Como medida de presión, los labriegos tomaron la sede del Crédito Agrícola de Habilitación, de Coronel Oviedo, donde funciona una agencia regional para los tres departamentos, exigen que Amanda León, presidenta del CAH se reúna con ellos, y brinde respuestas convincentes de manera a levantar la medida de fuerza.