Presentan firmas para ampliar la tarifa social energética

• Este viernes, diversas organizaciones sociales y políticas presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral una iniciativa popular con 50.000 firmas, buscando ampliar la tarifa social de energía eléctrica.
• Entre los grupos involucrados se encuentran el Partido Paraguay Pyahura, el Comité de Iglesias y el Movimiento Campesino Paraguayo.
• Ermo Rodríguez, activista social y portavoz de la iniciativa, enfatizó la contradicción que representa tener la represa de Itaipú, la más grande del mundo, sin que la mayoría de las familias campesinas accedan a energía de calidad y a precios accesibles.

En mañana de este viernes en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se llevó a cabo la presentación de firmas para una iniciativa popular destinada a ampliar la tarifa social de energía eléctrica, respaldado por varias organizaciones sociales, entre ellas el Partido Paraguay Pyahura, Itaipú es también soberanía, Itaipú causa nacional, el Comité de Iglesias, el Pueblo Mbaé, y el Movimiento Campesino Paraguayo.

Ermo Rodríguez, activista social y uno de los impulsores de esta iniciativa, destacó la importancia del proyecto en su intervención. “Nos propusimos hacer esta iniciativa popular sobre un tema muy sensible, sobre todo para las comunidades y las familias más vulnerables, el tema de la energía eléctrica”, expresó en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol.

Rodríguez subrayó que, aunque Paraguay cuenta con la represa hidroeléctrica más grande del mundo, muchas familias, especialmente en áreas rurales y barrios, no están accediendo a energía de calidad y asequible. “Esto es un sentimiento de pueblo muy grande que hemos tomado para presentar un proyecto de ley que amplíe la tarifa social”, agregó.

La actual tarifa social se limita a 300 kilowatts por hora al mes, una cantidad que Rodríguez considera insuficiente para las necesidades básicas de las familias. “En épocas de calor, es necesario utilizar más electrodomésticos para mantener el bienestar en nuestros hogares”, argumentó.

La propuesta busca elevar este tope hasta 1500 kilowatts por hora al mes, permitiendo descuentos porcentuales basados en el uso y las condiciones económicas de cada familia.

Rodríguez también hizo hincapié en que la ampliación de la tarifa social no solo beneficiaría a las familias, sino que también tendría un impacto positivo en pequeñas y medianas empresas que luchan por obtener energía de calidad. “Contemplamos no solo la cuestión domiciliaria, sino también la necesidad de los pequeños empresarios, quienes generalmente no tienen acceso a energía suficiente para trabajar”, comentó.

Un punto importante que destacó Rodríguez es la burocracia que dificulta el acceso a la tarifa social. “La mayoría de las familias deben lidiar con un sistema que no facilita la obtención de la tarifa social”, lamentó.

En este sentido, el costo actual de la energía eléctrica volvió un tema crucial de debate. “El costo de producción de la energía eléctrica está alrededor de 9 dólares, pero el usuario está pagando 19.23 dólares, lo que afecta considerablemente su bolsillo”, aseguró Rodríguez.

Además, el activista expresó que la tarifa social debe considerarse un derecho humano. “La energía eléctrica debe ser vista como un derecho humano, no como una simple mercancía. Estamos hablando de un bien esencial que debe ser accesible para todos”, enfatizó.

Rodríguez explicó que el subsidio para la tarifa social debería ser cubierto por el Estado, financiado a través de los ingresos generados por Itaipú y otros impuestos. “El costo de la tarifa social actualmente asciende a aproximadamente 2 millones de dólares”, dijo, reiterando que el Estado debe garantizar estos fondos para cumplir con la propuesta.

Sin embargo, se planteó una preocupación sobre la identificación de los beneficiarios de la tarifa social. Rodríguez comentó que, si bien se debe establecer un perfil para las familias vulnerables, es crucial que se implementen métodos tecnológicos para evitar irregularidades en la asignación de beneficios. “Hay que definir claramente quiénes son las familias que necesitan este apoyo, lo que requiere una evaluación técnica adecuada”, afirmó.

Una vez que el TSJE revise las planillas y firme la verificación, el siguiente paso es llevar esta propuesta al Congreso Nacional para su consideración. Rodríguez anticipó que, aunque el proceso puede llevar tiempo, se espera que el debate parlamentario ocurra en marzo del próximo año. “El TSJE tiene un plazo de tres meses para revisar las firmas y, dependiendo de la situación, podríamos esperar que el debate se lleve a cabo en la próxima sesión legislativa”, concluyó.