Paraguay entre los países más corruptos de Sudamérica
- El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, nuevamente, posicionó al Paraguay como uno de los países más corruptos en el mundo durante el 2019.
La organización Transparencia Internacional (TI) clasificó al Paraguay como el segundo país más corrupto de Sudamérica, por detrás de Venezuela, incluso con un descenso en la puntuación que no demuestra muchos avances para la reputación del país. Según informa el medio digital Ultimahora.com.
Paraguay se posicionó en el puesto 137 de 180 países que son sometidos a un ranking de países más corruptos.
El Índice de Percepción de la Corrupción de la oenegé hace una clasificación de acuerdo a los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según expertos y empresarios.
El análisis del 2019 centra sus dardos en el papel corruptor del gran dinero en el financiamiento de los partidos políticos y destaca la creciente frustración con las prácticas ilegítimas de los gobiernos, y la falta de confianza en las instituciones, que considera que erosiona la democracia en su conjunto.
En ese sentido, Paraguay tuvo una caída de cinco lugares con relación al informe del 2018, que lo ubicaba en la posición número 132.
Por otra parte, Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina, y Uruguay y Chile como los más limpios, según el informe.
La organización también reclama que la región en cuestión ha sido incapaz de hacer progresos significativos.
Promesa presidencial se diluye
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se comprometió desde el inicio de su Gobierno (2018) a dar combate frontal a la corrupción durante su gestión. Sin embargo, la promesa parece diluirse.
Tras completar su primer año de gestión, se dieron a conocer varias denuncias de supuestos casos de corrupción que salpican a su entorno más cercano. Uno de los ejemplos más emblemáticos tiene que ver con la firma secreta del acta de Itaipú en 2019, que derivó en la renuncia de altos funcionarios.
Otro de los hechos que marcan su gestión tiene que ver con la corrupción en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, que permitió la reciente fuga masiva o liberación de unos 75 presos de alta peligrosidad del Primer Comando Capital (PCC).
Pese a sus reiteradas expresiones, del “ caiga quien caiga”, el presidente Mario Abdo Benítez aún se muestra débil ante los casos irregulares que vinculan a su propio entorno.
Panorama internacional
A nivel internacional, Dinamarca y Nueva Zelanda abren el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), que cierran Somalia, Sudán del Sur y Siria, en una clasificación en la que la ONG alemana ve un “pasmoso número” de países con una mejora mínima o nula.
La coordinadora regional para las Américas de TI, Teresita Chávez, lamentó en una entrevista con EFE que América Latina lleve cuatro años “atascada”, sin registrar mejoras.
“Esto demuestra que la región fracasa en la lucha contra la corrupción”, argumentó la experta, que relacionó esta lacra con las protestas en Chile y Panamá.
A su juicio, la región latinoamericana arrostra “retos significativos de líderes políticos que actúan en sus propios intereses a expensas de los ciudadanos” e hizo hincapié en los problemas del financiamiento partidario, las consultas públicas de la acción de gobierno y la integridad electoral.
Tras Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Luxemburgo.
En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.
Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 69, mientras que China avanzó al puesto 80. Rusia queda en la plaza 137.
Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las puertas giratorias y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.
