Opama denuncia a Cetrapam en fiscalía y considera ilegal el paro del transporte público

• Bajo el patrocinio del abogado Jorge Rolón Luna, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) denunció al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) ante la Fiscalía.
• Para este jueves estaba prevista la segunda reunión tripartita entre el Gobierno y Cetrapam; sin embargo, el encuentro fue reprogramado para las 15:00 de este viernes en el Ministerio de Trabajo.

El representante legal de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), Jorge Rolón Luna, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, por coaccionar y perturbar los servicios públicos, estipulado en la Ley 6789. Consideran que el paro de buses es ilegítimo.

Desde Opama entienden que el paro de tres días es ilegal y atenta contra la movilidad de los ciudadanos, por ello citan la Ley 6789, “Que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público infractores de la ley”.

“Nosotros no desconocemos que el paro es un derecho constitucional y legal contemplado en el Código Laboral. Lo que tenemos es una norma que dice claramente, la 6789, que la mera amenaza contra la prestación del servicio del transporte público podría constituir un hecho punible”, afirmó el abogado.

Sostuvo que los directivos de Cetrapam “arguyen razones, que entendemos falsas, para subir el pasaje, hacer variar la tarifa técnica y eventualmente no devolver esos pagos de subsidios que se hicieron de más y que el Gobierno quiere compensar”.

En ese sentido, explicó que la denuncia penal se sustenta en el artículo 5 de la ley, que establece que la amenaza o extorsión a órganos del Estado por parte de representantes de empresas del transporte será considerada como un hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos.

La medida de fuerza que anunció Cetrapam está marcada para los días 20, 21 y 22 de mayo, en reclamo al cumplimiento de los acuerdos firmados y al aumento del subsidio de USD 35 millones a USD 70 millones.

De concretarse el paro, 450.000 usuarios se verán afectados en su movilidad.