Municipalidad de Asunción rechaza intervención por “falta de causales”

• La Municipalidad de Asunción niega que existan causales legales para su intervención y asegura que el uso de la cuenta única está respaldado por normativas vigentes.
• Benito Torres, director jurídico, sostiene que no hay faltantes ni desvíos, y que los informes financieros ya fueron aprobados por la Junta Municipal.
• El pedido de intervención de la Contraloría se basa en diferencias jurídicas, pero aún no existe fallo judicial que determine ilegalidad, aclara el municipio.

La Municipalidad de Asunción rechazó categóricamente el pedido de intervención presentado por la Contraloría General de la República, argumentando que no existen causales legales ni hallazgos que sustenten una medida tan extrema. En una entrevista, el director jurídico del municipio, Benito Torres, aseguró que el informe remitido por el órgano contralor no revela faltantes de dinero ni irregularidades en la ejecución presupuestaria, sino que se limita a cuestionar el uso de la herramienta financiera conocida como “caja única”.

“No hay ninguna causal que justifique la intervención. (…) Se trata de una diferencia de interpretación legal que debe ser resuelta por el Tribunal de Cuentas”, afirmó el funcionario, al tiempo de defender la legalidad del instrumento. Según explicó, tanto la Carta Orgánica Municipal como la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado amparan el uso de la cuenta única, y existe una ordenanza vigente que la regula sin haber sido declarada inconstitucional.

El planteamiento de la Contraloría, sin embargo, menciona presuntas irregularidades en la gestión presupuestaria entre los años 2021 y 2024, y apunta especialmente a la emisión de bonos. En 2022 se lanzó el bono G8 por G. 360.000 millones, destinado a obras de desagüe pluvial; mientras que en 2023 se emitió el bono G9 por G. 195.000 millones, utilizado para pagar deudas acumuladas en administraciones anteriores. Según el contralor, esta dinámica representa un abuso de la cuenta única y una posible transgresión de normas administrativas.

Torres negó categóricamente que se haya incurrido en nuevas irregularidades y sostuvo que el municipio entregó toda la documentación requerida en tiempo y forma. Además, destacó que las rendiciones de cuentas de los últimos cinco años, correspondientes al periodo 2020-2024, fueron aprobadas por la Junta Municipal, dejando constancia de que no hubo objeciones institucionales al manejo financiero.

“Estamos abiertos a todo tipo de control y fiscalización, pero no podemos aceptar un pedido de intervención basado en interpretaciones jurídicas que aún no tienen una resolución judicial definitiva”, remarcó el director jurídico, reiterando la postura oficial del gobierno municipal.

La disputa entre la Contraloría y la Municipalidad parece centrarse menos en hechos concretos y más en criterios técnicos y legales, cuya interpretación final deberá estar en manos del Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, desde la comuna capitalina aseguran que seguirán operando con normalidad y defendiendo la legitimidad de sus mecanismos financieros.