Municipalidad permite instalación de gasolinera a 100 metros de una escuela violando ordenanza vigente

• Se encuentra en los alrededores de la Escuela Betel, sobre la calle Ramón Mendoza transgrediendo de la ordenanza municipal N° 029/2023, que establece una distancia mínima obligatoria.
• El funcionario municipal planteó que, aunque las ordenanzas están vigentes, la misma institución que las aprueba también tiene la potestad de autorizar excepciones, pese a que la normativa municipal no establezca eso.
• Defendió la viabilidad de este tipo de inversiones, argumentando que “no representan un peligro inminente” y que, en estos casos, está a favor del “libre mercado”.

La instalación de una estación de servicios sobre la calle Ramón Mendoza, a escasos 100 metros de la escuela Betel, generó inquietud ciudadana y un fuerte debate sobre la aplicación de las ordenanzas municipales que regulan este tipo de emprendimientos en zonas cercanas a instituciones educativas.

En el sitio se observan carteles que identifican la obra como responsabilidad de “Urbieta Ingeniería GSM” y ya se encuentran los tanques de almacenamiento instalados, lo que indica un importante avance en la construcción.

La ordenanza municipal vigente, la N° 029/2023, sancionada el 7 de diciembre de 2023, actualiza las disposiciones contenidas en las ordenanzas anteriores (025/2011, 005/2014 y 012/2015), todas las cuales establecen de forma clara que las estaciones de servicio deben guardar una “distancia mínima lineal de 100 metros“ respecto a instituciones educativas y lugares de aglomeración de personas.

Frente a esta situación, se consultó al jefe de Gabinete de la Municipalidad de Coronel Oviedo, Edgar Bernal, cuya firma, junto con la del intendente Marcos Benítez, aparece en las resoluciones del Ejecutivo municipal.

En contacto con el programa Hablando Claro de OviedoPress Multimedios emitido por la 95.3 FM Radio América, Bernal señaló que aún debía revisar a profundidad si este caso particular corresponde a una situación donde la aprobación del emprendimiento se dio antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, pero reconoció la existencia de lo que calificó como “una laguna jurídica”.

“Uno de ellos tenía que ver con la aprobación de la ordenanza posterior justamente a la decisión tomada por el Ejecutivo”, indicó. Expuso, que en su opinión personal, no debería haber limitaciones impuestas a las inversiones privadas. “Yo creo que siempre es importante un poco el debate. En mi caso en particular, yo siempre fui del criterio de que no existe ningún motivo alguno por el cual realmente se tenga que prohibir este tipo de inversiones en la ciudad, considerando que no existe el argumento que pueda sostener un peligro inminente”, señaló.

“¿Cuándo fue la última vez que una estación de servicios explotó como generalmente se ve en las películas?”, agregó irónicamente. En enero de 2015, un incendio de gran magnitud consumió una estación de servicio Copetrol en Curuguaty, dejando cuatro personas heridas. El incendio, que comenzó alrededor de las 14:00, consumió la estructura de la estación, dos casas aledañas, una casilla, dos motocicletas y un vehículo.

El 9 de marzo del mismo año, un nuevo incendio en una estación de servicio en el barrio Villa Aurelia de Asunción, a causa de un aparente cortocircuito en una de las máquinas de expendio.

No obstante, Bernal defendió la intervención del Ejecutivo incluso ante la vigencia de la ordenanza, sosteniendo que la institución que dicta una normativa también tiene la potestad de conceder excepciones, y que existen factores que pueden justificarlo, como el beneficio económico, la generación de empleo o el “hermoseamiento del entorno”.

“Si vos me preguntás, yo no estoy luego de acuerdo con que se tenga que poner restricciones a inversiones, donde se va a traer desarrollo y se va a traer puestos de trabajo, donde se va a invertir, donde va a haber gente trabajando, donde se va a comprar materiales, donde se va a vender combustible, siendo que eso en realidad. En puridad, no representa ningún peligro para la ciudadanía, ni para el entorno, ni para los vecinos”, expresó, asegurando que está de acuerdo siempre y cuando se cumplan con todas las reglamentaciones ambientales y de seguridad.

No obstante, en un Estado de Derecho, las normas deben cumplirse sin excepciones discrecionales, y que la Junta Municipal no establece ninguna cláusula que permita exceptuar el cumplimiento de la distancia mínima. En respuesta, Bernal reconoció la necesidad de actualizar la normativa. “Yo creo que esa ventana se debe abrir y el debate es importante para corregir para el futuro, porque evidentemente es una ordenanza que no puede ser aplicada, es inaplicable“, puntualizó.

En ese sentido, para Bernal, el marco normativo municipal debería adaptarse a los principios de libre mercado. “El que debe regular el mercado, a mi criterio, es la ley de la oferta y la demanda. Estamos en una economía libre de mercado, que es lo único que nos va a garantizar el desarrollo y el futuro de nuestra ciudad también”, refirió.

El funcionario también explicó que el permiso de instalación de la estación se habría otorgado luego de la presentación de una licencia ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lo que, según dijo, limita la capacidad de intervención del municipio. “Hoy el MADES ya no solicita el permiso correspondiente previo para una obra al municipio. Por ley se derogó esta requisitoria”, aseguró.

Según Bernal, cuando los inversionistas ya cuentan con la autorización ambiental nacional, la Municipalidad no puede oponerse, aunque la ordenanza local disponga una prohibición. Aclaró que la intervención municipal se realiza posterior a esa autorización nacional.

A pesar de sus argumentos, la ordenanza 029/2023 establece de manera expresa que la instalación de estaciones de servicio en Coronel Oviedo está supeditada al cumplimiento de la Resolución N° 435/19 del MADES, lo que podría interpretarse como un refuerzo normativo y no como una vía para ignorar la reglamentación municipal.

La polémica deja sobre la mesa una preocupación mayor que gira en torno a, si la propia municipalidad no respeta la ordenanza que ella misma sanciona; ¿qué mensaje transmite a los ciudadanos e inversionistas sobre el respeto al marco legal?