Mujer denuncia al fiscal Erico Avalos tras estar en prisión por crimen que no cometió
- Una mujer que fue acusada por homicidio doloso y estuvo tres años en el correccional de mujeres Juana María de Lara, y luego fue absuelta de culpa y pena durante un juicio oral y público, ahora entabló demanda formal contra los fiscales que tuvieron participación en la aberrante investigación.
- Se trata de Ramona Candia Ortiz (55), radicada en la ciudad de San Alberto, al norte de Alto Paraná.
La demanda fue planteada ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del vigésimo primer turno de la ciudad de Asunción, a cargo del magistrado José Villalba y afecta a los entonces fiscales Aldo Javier Moreira (actualmente juez de ejecución), Érico Avalos (exfiscal) y Víctor Adolfo Santander (actualmente fiscal en la unidad de medio ambiente de la Fiscalía de Ciudad del Este).
En el 2016, una mujer identificada como Mariza Jara fue asesinada en San Alberto Supuestamente su pareja identificado como Mario Martínez Vera, la encontró en la cama con la pareja sentimental de Ramona Candia Ortiz.
Según la hipótesis sostenida por los fiscales del Ministerio Público que investigaron el crimen, Martínez fue el autor material y Candia Ortiz, la supuesta mandante.
Martínez Vera había estado preso por 24 horas, pero luego la entonces fiscal de Minga Porã, Mónica Larroza lo liberó. Desde entonces, Martínez Vera se encuentra prófugo de la Justicia, aunque existe versión de que estaría en una plantación de marihuana en la zona de Itakyry.
En ese año 2016, Candia Ortiz fue detenida y luego derivada a la cárcel, donde estuvo privada de su libertad por 3 años. Ingresó al penal a los 50 años, actualmente tiene 55 años.
Pasó de lo peor en la cárcel. Hasta fue sometida a cirugía, estando en la cárcel.
Debido a su edad y por los problemas de salud que actualmente afronta, otorgó poder a su hermano, el dirigente social Erondido Candia Ortiz para presentar la demanda contra los agentes fiscales.
Ramona Candia Ortiz en el 2018 fue juzgada por un Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Lourdes Milva Morínigo, y fue absuelto de culpa y pena.
Ahora instauró la demanda formal y el hecho afecta a los entonces fiscales de San Alberto y subsidiariamente al Estado Paraguayo.
La ley orgánica del Ministerio Público establece claramente que cada agente deberá responder con su propio recurso las malas acciones realizadas. Sin embargo, establece también que subsidiariamente el Estado Paraguayo, deberá responder por los daños.
