Ministerio de Salud promete terminar con la mafia médica

• La ministra de Salud, María Teresa Barán, reconoció la existencia de una red de corrupción en el sistema sanitario y aseguró que no protegerán a nadie.
• Más de 70 médicos y funcionarios ya fueron desvinculados desde el inicio de su gestión, y varios casos ya fueron derivados a la Fiscalía.
• La informatización de los servicios de salud permitió detectar documentos falsos y movimientos irregulares que apuntan a vínculos entre médicos y proveedores privados.

La titular del Ministerio de Salud Pública, María Teresa Barán, confirmó la existencia de una “mafia médica” operando dentro del sistema público de salud y aseguró que su administración “no va a apañar a nadie”. La funcionaria subrayó que ya se tomaron medidas concretas y contundentes para desarticular las redes de corrupción que lucran con la necesidad de los pacientes.

Las declaraciones se produjeron luego de que el senador Enrique Salyn Buzarquis presentara una denuncia sobre manejos irregulares en hospitales públicos. Barán afirmó: “No nos va a temblar el pulso para sancionar y cortar con esta mafia. Hay quienes lucran con la desesperación de la gente y eso raya todo tipo de ética profesional”.

Según informó la ministra, más de 70 médicos y funcionarios de salud ya fueron desvinculados desde el inicio de su gestión. Además, reiteró que se continuará investigando “especialmente ante denuncias responsables con nombres y apellidos”.

Uno de los casos emblemáticos ocurrió en el Hospital Distrital de General Aquino, en el departamento de San Pedro, donde un paciente falleció porque la médica de guardia presentó un certificado médico falso para no asistir al turno. “Identificamos al médico que le extendió el certificado fuera del horario laboral y lo desvinculamos. La doctora, lamentablemente, no puede ser descontratada porque está embarazada, y la ley la protege”, explicó.

Otro caso que encendió las alarmas fue el del Hospital Regional de Encarnación, donde se denunció que algunos médicos derivaban a pacientes a clínicas privadas para realizar tomografías, a pesar de que el hospital contaba con un tomógrafo nuevo. Barán aclaró que “la empresa que lo proveyó debe asumir el costo del mantenimiento preventivo y de los estudios, por lo que los pacientes no deben abonar absolutamente nada”.

La ministra también apuntó a la relación entre médicos y proveedores privados, especialmente en el caso de los insumos quirúrgicos. “Cuando un médico rechaza el insumo proveído por Salud por no ser el de su preferencia, se genera una presión indebida sobre el paciente”, denunció.

Como parte de las medidas de combate, la informatización del sistema fue clave para detectar irregularidades. “En agosto teníamos 217 servicios informatizados. Hoy ya superamos los 900. La tecnología es nuestra mejor aliada para combatir la corrupción”, destacó Barán.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía: “La ciudadanía debe animarse a denunciar. Si es necesario, vamos a llegar hasta la Fiscalía. Este es un sistema que tenemos que limpiar entre todos”.