Mejorar la gestión de la inversión pública un desafío clave para América Latina y el Caribe

• Una gestión eficiente de la inversión pública puede multiplicar hasta 2,5 veces el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, pero la región aún pierde en promedio el 41% de los recursos destinados a infraestructura por ineficiencias.
• Nuestro país cuenta con un marco legal sólido para la inversión pública y ha implementado importantes reformas, pero aún debe fortalecer la independencia en la evaluación de proyectos y mejorar su ejecución.
• La mala selección de proyectos, los sobrecostos y los retrasos siguen afectando la calidad de las obras públicas en la región, reflejo de debilidades en planificación estratégica y evaluación técnica.

Un reciente informe técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Arreglos institucionales para una gestión eficiente de la inversión pública: una revisión de los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) en América Latina y el Caribe y experiencias destacadas”, analiza los factores que inciden en el impacto económico de la inversión pública en la región. La principal conclusión es clara: una gestión eficiente de estos recursos podría multiplicar hasta por 2,5 veces el crecimiento económico. Sin embargo, alcanzar este potencial sigue siendo un desafío importante para América Latina y el Caribe.

La evidencia internacional es contundente: el gasto en inversión pública tiene un efecto multiplicador mayor que el gasto corriente. Según el informe, un aumento del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión pública puede traducirse en un crecimiento del PIB de hasta el 2,7% en economías emergentes. Pese a ello, entre 2019 y 2022, la inversión pública en América Latina y el Caribe representó apenas el 3,6% del PIB, por debajo del 4,6% registrado en los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Uno de los mayores retos es la eficiencia. El BID estima que, en promedio, un 41% de los recursos destinados a infraestructura en la región se pierden por ineficiencias, cifra superior al promedio global (35%). Las deficiencias en las adquisiciones públicas también generan pérdidas cercanas al 1,4% del PIB. Estas ineficiencias se manifiestan en la mala selección de proyectos, sobrecostos, retrasos y obras de baja calidad. Las debilidades institucionales se concentran especialmente en la planificación estratégica, la evaluación previa y la evaluación posterior de los proyectos.

El estudio analiza la situación de 16 países de la región —entre ellos nuestro país— y encuentra que el índice promedio de eficiencia en la gestión de inversión pública es de 2,5 sobre 4. También presenta experiencias exitosas, como la de Chile, que desde 1979 ha fortalecido su Sistema Nacional de Inversiones (SNI) mediante la creación de bancos de proyectos y programas de capacitación a funcionarios. No obstante, incluso en este caso persisten desafíos, como la ausencia de un plan nacional de infraestructura a largo plazo.

En cuanto a los marcos institucionales en América Latina y el Caribe, el informe evidencia una gran heterogeneidad. Muchos países carecen de criterios claros para la evaluación proporcional de proyectos o no cuentan con instancias independientes para su análisis previo, lo que reduce significativamente la eficiencia del gasto.

Nuestro país mostró avances importantes en el fortalecimiento de su sistema de inversión pública a través de reformas normativas clave. En 2010, el Decreto 5374 estableció los lineamientos generales para el funcionamiento del SNIP. La Ley 5102 de 2013 impulsó la inversión en infraestructura y servicios estatales. Posteriormente, en 2015 y 2016, nuevos decretos definieron roles institucionales, ajustaron la estructura del sistema y crearon el Fondo de Preinversión. En 2017, se reglamentó este fondo, y en 2020 se promulgó la Ley 6490, que promovió la participación privada y mejoró la eficiencia en la ejecución de proyectos.

Gracias a este marco normativo, nuestro país se encuentra entre los pocos países de la región con una legislación específica sobre inversión pública, junto con Argentina, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Esta base legal es una ventaja significativa para planificar y ejecutar obras de infraestructura con mayor solidez.

Sin embargo, aún persisten desafíos. El informe advierte que la falta de independencia en la evaluación ex ante de proyectos compromete la objetividad y la calidad de los análisis. Este problema es común en la región y subraya la necesidad de establecer mecanismos independientes de evaluación, mejorar las capacidades técnicas y adoptar buenas prácticas internacionales adaptadas a los contextos locales.

Cerrar la brecha de infraestructura y potenciar el crecimiento económico en América Latina y el Caribe requiere fortalecer de forma urgente la gestión de la inversión pública. La región cuenta con ejemplos locales e internacionales que pueden servir de guía para desarrollar sistemas más eficientes, estratégicos y sostenibles. En este camino, nuestro país0 dio pasos importantes, pero debe redoblar sus esfuerzos para asegurar que cada dólar invertido tenga el máximo impacto.