MADES y Fiscalía blindan a intendente de Minga Guazú
- El Ministerio del Ambiente otorgó licencia ambiental a la municipalidad de Minga Guazú (Alto Paraná) en base a un plan de trabajo impracticable.
- La fiscalía, con un supuesto orden de Sandra Quiñonez, no imputa al intendente Digno Caballero (ANR-HC), a pesar de que el mismo admitió arrojar residuos en un lugar inhabilitado.
- Denuncian connivencia del administrador municipal con el propietario de la empresa SERTECO, Feliciano Ríos Ocampos.
El Ministerio Público, el pasado 14 de agosto, solicitó la clausura del vertedero ubicado en el kilómetro 20, distrito de Minga Guazú, a ocho kilómetros de la Ruta02py, lado Monday.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia la municipalidad sigue depositando en el lugar basura transportada a través de la empresa SERTECO, que viola las disposiciones ambientales en lo referente a la recolección, transporte y disposición final de toda la basura que se produce en la ciudad de Minga Guazú.
Hasta la fecha el Ministerio Público no se animó a imputar al intendente cartista, Digno Caballero quien, según la denuncia, contrató a la empresa de Feliciano Ríos Ocampos, sin que esta cumpla los mínimos requisitos exigidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El fiscal de la Unidad Especializada el Medio Ambiente, Alcides Giménez, “hace la vista gorda a la grave denuncia que evidencia violaciones a las leyes ambientales”, argumentan quienes exigen la intervención del caso. La actitud vacilante del agente fiscal obedecería a que el intendente es afiliado al Partido Colorado, vinculado al cartismo y esposo de la diputada, también cartista, Blanca Marina Vargas de Caballero.
Feliciano Ríos Ocampos, imputado por la Fiscalía por crimen ecológico, sigue depositando basura en el predio en cuestión pee a estar clausurado por orden judicial. El mismo es el representante de Serteco, quien sería testaferro del intendente de Minga Guazú, Digno Caballero quien llamativamente hasta ahora no ha sido procesado por el Ministerio Público. Ríos Ocampos, un año atrás ya sido condenado por un hecho similar, y en el mismo lugar.
El pasado 08 de setiembre, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por la municipalidad de Minga Guazú. De acuerdo con lo expuesto en el documento oficial del Ministerio del Ambiente, se trata de un proyecto ambicioso desde el punto de vista de infraestructura, que tendría un costo aproximado de USD 5 millones.
Otro de los cuestionamientos es que la municipalidad no tiene destinado el presupuesto por que no ha sido programado.
De acuerdo con lo manifestado por el denunciante, Francisco Gómez Marsal, otras de las irregularidades que evidencia una connivencia delictual, entre el intendente municipal y la empresa Serteco, es que ambas instituciones cuentan con los mismos asesores jurídicos.
“Basta con señalar que la defensa del primero es ejercida por los abogados Francisco Cubilla y José Luis González, quienes al mismo tiempo son asesores jurídicos de la municipalidad”, afirma en el escrito de denuncia presentado ante la unidad fiscal del medio ambiente.
Los denunciantes afirman que la presentación del proyecto de licencia ambiental, que fue concedida por el MADES, fue solo para eludir el peso de la justicia por los crímenes ya cometidos en Minga Guazú.
Es un proyecto impracticable, comenzando con que la licencia fue concedida sin que se haya corroborado la existencia de camiones compactadores, ni se hayan presentado documentos de estos. Tampoco fue presentado el contrato de usufructo del supuesto relleno sanitario donde se haría la disposición final de los residuos.
En el proyecto, calificado como inviable e impracticable, se habla de producción de biogás, biofertilizantes, sin embargo, no se presupuestaron la compra de equipos para los mismo. “Se habla de una producción de 500 toneladas diaria de residuos para tratar, mientras que la capacidad real de producción de basura en la ciudad es de apenas 40 toneladas”.
Con la aprobación de la licencia ambiental, el MADES se une a la acción e intención del Ministerio Público, de no imputar al intendente Digno Caballero, pese a las evidencias de supuestos crímenes cometidos en complicidad con la empresa, de la que se presume, es propietario de hecho y que utiliza a personas como testaferro de la misma.
