Ley antionegés: Diputados caaguaceños apoyan la ley para perseguir críticos al cartismo

Por Josué Congo

• El 2 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 47 votos la ley de control a organizaciones sin fines de lucro, también conocida como ley antioenegés o ley garrote.
• Los diputados por el departamento de Caaguazú votaron de forma mixta. Los cuatro colorados a favor, Alejo Ríos en contra y Salyn Buzárquis se abstuvo.
• El proyecto de ley pretende controlar a organizaciones disidentes al movimiento Honor Colorado y anular a propuestas políticas opuestas.

La semana pasada, se viralizó un audio del senador Gustavo Leite en el que confirma que la ley antioenegés tiene como objetivo perseguir a organizaciones disidentes al cartismo. En ese contexto, una investigación periodística reveló que Paola Serrati de Leite, esposa del senador, es la directora de la Asociación Civil Cenáculo del Paraguay, una ONG de tinte religioso que trabaja con personas con consumo problemático de sustancias.

Leite es uno de los impulsores de la conocida como ley garrote y es vocero de la comisión de investigación antilavado, que está siendo utilizada para hostigar a organizaciones de la sociedad civil. El senador confirmó que fue tesorero de la Asociación Cenáculo y expuso que la ONG recibió G 260 millones de Tabesa hasta 2021, empresa del exgrupo Cartes.

Pero las contradicciones de Leite recién salieron a luz días después de que la Cámara de Diputados aprobara con modificaciones el proyecto de ley con 47 votos a favor, entre ellos cinco votos de diputados liberales. En el caso de la representación de Caaguazú, los cuatro diputados colorados votaron a favor de la ley: Miguel Del Puerto, Derlis Rodríguez, Edgar Olmedo y Carlos Godoy. En cambio, los liberales no consensuaron su voto. Alejo Ríos votó en contra sin exponer sus motivos, y Antonio Salyn Buzárquis se abstuvo, a pesar de un discurso en contra de la ley.

El diputado Edgar Olmedo (ANR-HC) dijo en sesión que la ley busca “dar trazabilidad a los recursos que administran estas organizaciones sin fines de lucro”, como ONGs, asociaciones y fundaciones. El diputado apuntó contra las organizaciones y aseguró que “muchas de ellas han captado millones pero millones de dólares en nombre del pueblo paraguayo”.

Amainó su postura al decir que estas organizaciones “cumplen un rol altruista y humanitario muy importante, con enfoque social que tiene un impacto directo en la políticas públicas de nuestro país”. Pero al final, arremetió en contra de las ONGs diciendo que “muchas de ellas fueron creadas con solo efecto de recaudar y generar nuevos ricos en la República del Paraguay”. Olmedo votó a favor de la ley.

En coincidencia con Olmedo, el diputado Derlis Rodríguez (ANR-HC) también defendió el proyecto. Sostuvo que la ley es “necesaria” para que “tengamos todo [los informes y documentos de las organizaciones] a través de una ley y una institución”. Dijo que con el control de las organizaciones se podrá entender dónde se utilizan los recursos “ya sean públicos ya sean privados”.

Por otro lado, el diputado Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) argumentó en contra de la ley durante la sesión, pero terminó absteniéndose de votar. El diputado se dirigió a sus compañeros y dijo que no pueden legislar “con cierto sesgo ideológico”. Buzarquis citó el artículo 42 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de que cada paraguayo pueda asociarse libremente y de pertenecer a un gremio u organización. Según el diputado, la ley antioenegés vulnera este artículo de la Carta Magna. Encerró su argumentación diciendo que está “de acuerdo con la transparencia de lo público y, sobre todo, la protección de lo privado”.

La cruzada del cartismo contra las organizaciones de la sociedad civil es una de sus estrategias para limitar las expresiones críticas a su modelo político y económico. Una reciente investigación de la periodista Fiona Aquino reveló que hurreros digitales operaron en un esquema de desinformación en contra de la exsenadora opositora Kattya González y que derivó en su expulsión del Congreso. Entre los perfiles identificados, están los mismos que filtraron informaciones recolectadas por la comisión bicameral de investigaciones sobre ONGs, periodistas y prestadores de servicio, como parte de las acciones en contra de la sociedad civil.

Para los cartistas, las organizaciones sin fines de lucro deben ser transparentes y controladas por el Estado. Pero estas entidades ya cumplen con varias obligaciones ante el Estado, como con Tributación, Seprelad, el Ministerio de Trabajo y el IPS.