Legisladores que no saben de leyes

Todos los meses, los habitantes del departamento Caaguazú, pagamos G. 250 millones para que 21 concejales departamentales legislen normativas que contribuyan a una mejor calidad de vida para todos nosotros. El problema surge cuando ellos mismos no conocen de legislación y lo demuestran de manera abierta, además en un tema muy sensible: la vuelta al oscurantismo negando información pública y violando la Ley 5282/14, de Acceso Ciudadano a la Información Pública.

Gabriel González Torres, presidente de la Junta Departamental y Vicenta Cano, vicepresidenta || OviedoPress

Por: Cristian Bianciotto @CrisBianSan

Cuando un funcionario público asume un cargo, ya sea electo o por designación, jura cumplir y hacer cumplir las leyes. Aunque no se puede argumentar el desconocimiento de la Ley para incumplirla, es evidente que para cumplir y hacerla cumplir se debe conocer las legislaciones vigentes en nuestro país, en varias materias.

Pasaron 15 meses desde que los 21 concejales departamentales, del Caaguazú, asumieron sus respectivos escaños, 11 de ellos conforman la bancada del Partido Colorado y 10 de la Alianza entre el PLRA y Frente Guasu. Desde el comienzo se demostró desprolijidad, falta de conocimiento del procedimiento parlamentario, desorden y poca productividad en un cargo que sostiene una cuestionada institución, como es la costosa Junta Departamental, que tiene casi nula incidencia en las políticas públicas.

Pero lo más grave es que, lo poco que pueden hacer, lo hacen mal y en detrimento al ícono de la democracia: la libertad, la libertad de expresión sustentada en el acceso a la información pública, garantizada en el Art. 28 de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 5282/14 de Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.

Y es que son concejales que no conocen las legislaciones vigentes, denotan el desconocimiento de hasta la propia Ley 426, que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental.

Al parecer la transparencia es una de las piedras en los zapatos de los políticos, que no termina de molestarles. El bochornoso episodio registrado en la última sesión ordinaria de la Junta Departamental demuestra la veracidad de esta afirmación, aparte de evidenciar que desconocen las leyes que rigen la transparencia y el acceso a la información pública, repito, no conocen la Carta Orgánica de sus propia institución.

La Ley 426, en su Art. 20, establece los deberes y atribuciones de la Junta Departamental. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, esta Ley y las demás pertinentes”, es uno de los deberes fundamentales del cuerpo legislativo departamental.

¿Qué parte de la Ley no entendieron?. El presidente de la Junta Departamental, Gabriel González Torres (Colorado Añeteté), puso a consideración del pleno la decisión de cumplir o no cumplir la Ley 5282/14, que obliga a las instituciones públicas a entregar información solicitada por cualquier ciudadano, sin necesidad de justificar el propósito para lo cual solicitó.

Esta acción de González Torres, contraviene el Art. 20 de la Carta Orgánica Departamental, en la que se establece “cumplir y hacer cumplir las leyes”.

Lo más grave de todo es que, de forma unánime, los 19 concejales presentes resolvieron negar la información solicitada, consistente en el registro de asistencia de los concejales departamentales a las sesiones ordinarias, extraordinarias y a las reuniones de las comisiones asesoras.

El concejal Milciades Espínola (Colorado Añetete), dijo que constituía una falta de respeto el pedido y más aún porque supuestamente la información solicitada serviría para medir la productividad de los concejales que cada mes se embolsan, cada uno, G. 9.402.000 en concepto de dieta y G. 2.500.000 en combustible.

Milciades Espínola mocionó que no se entregue la información solicitada, y su moción fue secundada por Zunilda López (Colorado Añetete) y Vicenta Cano (Alianza). Así, los concejales demostraron el nulo compromiso con la transparencia y que son “legisladores que no saben de leyes”.

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