La UNCA y su silencio cómplice con el crimen organizado
La Universidad Nacional del Caaguazú, una vez más, guarda un silencio cómplice ante una grave situación que involucra a una de sus altas autoridades, Miguel Vera, decano de Ciencias Económicas, ahora en prisión e imputado por tráfico de armas, contrabando y asociación criminal. No es la primera vez que el Consejo Superior Universitario apaña con su silencio conductas reprochables de sus integrantes, en este caso asociada con el crimen organizado.
Por: Cristian Bianciotto | Director de OviedoPress
El Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de la Universidad Nacional del Caaguazú, en cuyas manos están las tomas de decisiones que afectan, de manera positiva o negativa, a la institución y sus integrantes.
Una vez más, como en tantas ocasiones anteriores, guarda un silencio cómplice y apañador sobre situaciones delictivas que involucra a uno de sus integrantes: el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel Vera, imputado por tráfico de armas, contrabando y asociación criminal. El mismo se encuentra en prisión por los crímenes que se le atribuyen.
El Consejo Superior Universitario es heterogénea en su conformación. La preside de manera natural el rector de la universidad, Ángel Rodríguez, y su vicepresidente es el vicerrector, Ulises Villasanti.
Además, está integrada por los decanos de las siete Unidades Académicas y un docente por cada una de ellas. Los alumnos tienen representación a través de tres integrantes y los egresados no docentes, también cuentan con la representación de tres integrantes.
Ninguna de las representaciones planteó, siquiera, desmarcarse de la conducta reprochable y criminal del decano de Ciencias Económicas, quien forma parte del Consejo Superior Universitario y es que, la mayoría de sus integrantes deben cierta lealtad a la clase política vinculada a Miguel Vera, que proviene del senador Beto Ovelar quien tiene como feudo político a la Universidad Nacional del Caaguazú.
Ya ocurrió en otras ocasiones, cuando el decano de Ciencias Médicas, Pablo Martínez, demostró conductas reprochables como el abandono de su guardia en IPS para ir a un bar a compartir tragos con sus colegas. Cuando su unidad académica fue allanada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. Cuando fue denunciado por utilizar el quirófano del IPS para realizar cirugía a pacientes de su consultorio privado. Cuando, en una madrugada, llamó a amenazar al hijo de una paciente que fue desatendida y puesta en peligro por el médico, hijo de Pablo Martínez.
Hace exactamente un año que fue evidenciado, con documentos oficiales, el despilfarro de multimillonarios montos en viáticos de funcionarios, incluido el propio rector, Ángel Rodríguez.
En todos estos casos, el Consejo Superior Universitario, guardó silencio cómplice y no asumió ninguna posición y mucho menos acciones para esclarecer los hechos evidenciados, como mínimo, como delito, en la mayoría de los casos vinculados con corrupción.
Cuando cualquier despensa de barrio, saca un comunicado en su Facebook, al momento de que un funcionario es sindicado como desleal o sinvergüenza, diciendo que no se hace responsable de su conducta y que ya no tiene vinculación con el local comercial. La UNCA normaliza todos estos hechos mencionados que va superando límites y se calla de manera cómplice y encubridora.
La Universidad Nacional del Caaguazú, es cómplice de uno de sus altos funcionarios, hoy en prisión e imputado por crímenes vinculados al contrabando de armas, producción de documentos falsos y asociación criminal.
Si lo están apañando, ¿qué seguridad existe de que en la institución se garantiza la transparencia y calidad en la gestión?
