La Policía se repliega, pero persiste intención de desalojo a indígenas en Canindeyú
- El uso de la fuerza contra comunidades indígenas pone en riesgo vidas y genera gran preocupación.
- El Gobierno guarda silencio mientras la tensión en la zona aumenta con el despliegue de policías armados.
- El conflicto territorial podría derivar en una tragedia similar a la masacre de Curuguaty en 2012.
La tensión en Canindeyú alcanzó su punto máximo esta mañana cuando un contingente de cientos de efectivos policiales irrumpió en la estancia Americana para ejecutar un desalojo contra comunidades indígenas que resisten la medida judicial. El operativo fue encabezado por el Comisario Genaro Agüero bajo la dirección del Comisario Rafael González, actual Director Departamental de la Policía en Canindeyú y cuñado del Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.
Ataque policial y resistencia indígena
Desde tempranas horas del lunes, la policía intentó ingresar a la propiedad en disputa, pero los pobladores indígenas se opusieron, generando un enfrentamiento que dejó varios heridos. A pesar del uso de carros hidrantes, patrulleras y agentes fuertemente armados, la comunidad logró resistir, obligando a las fuerzas de seguridad a replegarse momentáneamente.
En medio del operativo, se identificó la presencia del abogado Julio Godoy, quien, vistiendo un chaleco antibalas y portando un arma de fuego, participó activamente en el desalojo, una situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de su accionar y el involucramiento de civiles armados en procedimientos policiales.
El operativo policial incluyó la utilización de equipamiento represivo como gas lacrimógeno y balines de goma contra la población indígena, en su mayoría mujeres y niños. La comunidad respondió bloqueando el ingreso a la estancia y organizándose en grupos de autodefensa para resistir el avance de la fuerza pública.
Conflicto por tierras y falta de respuesta del Gobierno
El trasfondo de este conflicto radica en la disputa por la siembra de soja en la propiedad. Sin embargo, lo que genera mayor indignación es que meses atrás, el Poder Ejecutivo había emitido una resolución que reconocía a esta comunidad indígena como propietaria legítima del terreno. Esta contradicción pone en duda la legalidad del desalojo y expone la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante decisiones judiciales que parecen favorecer intereses privados.
A pesar de la gravedad de la situación y la posibilidad de un enfrentamiento con consecuencias fatales, el Gobierno nacional se ha mantenido en silencio. Ni el ministro del Interior, Enrique Riera, ni el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, han emitido declaraciones al respecto.
Temor a una nueva tragedia
El violento desalojo trae a la memoria la masacre de Curuguaty de 2012, un conflicto similar que dejó 17 muertos y marcó un hito en la historia política y social del país. La falta de una solución pacífica y el uso excesivo de la fuerza policial contra comunidades vulnerables podría derivar en un nuevo episodio de violencia con consecuencias impredecibles.
La comunidad indígena y diversas organizaciones de derechos humanos han exigido el cese inmediato del operativo y la intervención de las autoridades para evitar un desenlace trágico. Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y el país observa con preocupación cómo se desarrolla este conflicto, que evidencia una vez más la fragilidad del Estado de derecho y la indefensión de los pueblos indígenas ante el poder político y económico.
