La pobreza, en Paraguay, tiene rostro infantil
- Datos procesados por el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).
- En 2019, el 32,5% de la población de niñas, niños y adolescentes del país se encontraba en situación de pobreza.
- Los departamentos con mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza eran San Pedro (48,8 %), Guairá (48,8 %), Caaguazú (48 %) y Caazapá (47,5 %).
- Si bien las personas de entre 0 y 17 años representaban el 35% de la población total del país ese año, constituían el 49 % de la población en situación de pobreza de 2019.
Al menos 33 de cada 100 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza en Paraguay: esto trae consigo serias barreras para el acceso a servicios de calidad y las garantías de derechos humanos. En zonas como Caaguazú, San Pedro, Guairá y Caazapá -territorios eminentemente rurales y con poblaciones de comunidades indígenas- la pobreza alcanza a más de 48 de cada 100 niñas, niñas y adolescentes.
Del total de población del país, de cada 100 personas en situación de pobreza 49 son niñas, niños y adolescentes; este dato indica que la pobreza en Paraguay tiene rostro infantil. Esto implica que urgen políticas de protección social, tendientes a reducir las brechas de desigualdad que se han vuelto más profundas en el contexto de la actual emergencia sociosanitaria con fuertes efectos económicos en las familias y las comunidades.
Los riesgos de incrementarse las vulnerabilidades sociales y económicas en este momento, por parte de las familias y comunidades en situación de pobreza, desafían al Estado a generar mayor inversión social en políticas públicas territoriales para la generación de ingresos seguros y la garantía de todos los derechos humanos para todas las personas.
Las sociedades con mayor cohesión social son aquellas que logran reducir las brechas de desigualdades, sociales, económicas, económicas y culturales, incluso ambientales, que tiendan a brindar mejor calidad de vida de las personas y buscan la dignidad de las personas; para esto es fundamental una mejor restricción de la riqueza que se genera al interior del país, por medio de impuestos justos. El desafío es poner en el centro de las políticas públicas a las personas.
