La Justicia argentina imputa a Milei por el escándalo de la criptomoneda $Libra

• La Justicia argentina imputó al presidente Javier Milei en la causa que investiga la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA.
• El fiscal Eduardo Taiano avanza en la pesquisa tras la denuncia de Juan Grabois e Itai Hagman, quienes lo acusan de abuso de autoridad, tráfico de influencias y estafa.
• La Fiscalía investiga si el presidente y su entorno participaron en una estrategia fraudulenta que favoreció a un reducido grupo de billeteras electrónicas que se habrían retirado antes del desplome.

La Justicia argentina abrió una investigación contra el presidente Javier Milei por su rol en la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra, que él mismo recomendó a través de sus redes sociales. El fiscal a cargo del caso, Eduardo Taiano, ordenó las primeras medidas de prueba, solicitando informes al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores, además de requerir la intervención de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia para rastrear los sitios web involucrados en la operación.

El escándalo estalló el 14 de febrero, cuando Milei promocionó la criptomoneda $Libra en sus redes sociales, calificándola como “un proyecto privado que incentivaría el crecimiento de la economía argentina”. Tras su recomendación, el valor de $Libra se disparó, pero posteriormente sufrió un desplome abrupto cuando las billeteras mayoritarias vendieron sus activos.

Como resultado, unas pocas personas obtuvieron ganancias extraordinarias, mientras que miles de inversores perdieron la totalidad de su dinero. En medio de las críticas y acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación y emitió un comunicado donde aseguraba haber promovido la criptomoneda sin conocer a fondo el proyecto.

La investigación también abarca a cinco empresarios vinculados a $Libra que mantuvieron reuniones con Milei y que se habrían beneficiado de la operación. Se trata de los argentinos Mauricio Novelli y Sergio Morales, el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y el español Manuel Terrones Godoy. El fiscal Taiano busca determinar la participación de cada uno de ellos en posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Además, Taiano imputó formalmente a Milei en la causa, ampliando la investigación para incluir posibles maniobras irregulares dentro del gobierno. La denuncia inicial fue presentada por el abogado y dirigente social Juan Grabois y el diputado nacional Itai Hagman, quienes acusan a Milei de haber incentivado la inversión en $Libra, cuyo colapso generó pérdidas millonarias.

La investigación se centra en determinar si hubo uso de información privilegiada en la compraventa de la criptomoneda, lo que habría permitido que un grupo reducido de billeteras electrónicas retirara cerca de 100 millones de dólares antes del colapso.

También están bajo investigación Hayden Mark Davis, quien en un video aseguró ser asesor del presidente, Julian Peh, presunto impulsor internacional de $Libra, y Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum 2024, donde se habría originado el vínculo con Milei. Sergio Daniel Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), también es investigado.

Mientras tanto, Milei intentó alejarse del escándalo con un nuevo viaje a Estados Unidos, su novena visita al país en lo que va de su mandato. En Washington, se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y posteriormente participó en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde fue ovacionado por sectores de la ultraderecha y elogió al expresidente estadounidense Donald Trump.

Las encuestas reflejan que el escándalo de $Libra afectó la credibilidad de Milei, aunque mantiene un apoyo popular significativo, cercano al 50% de la población. En redes sociales, Grabois celebró la imputación de Milei, escribiendo en su cuenta de X: “El que las hace las paga, imputación para el criptochorro Milei por los delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública”.