La fiscalia presenta otra imputación contra ex ministro Joaquín Roa en caso A Ultranza

• La Fiscalía amplió la imputación contra el ex ministro Joaquín Roa, en el marco del desvío de fondos de la SEN y el operativo A Ultranza PY. Ahora, también será investigado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
• La imputación refiere que, en setiembre de 2021, mediante la resolución de la SEN 773/2021, Roa autorizó la “adquisición de chapas de fibrocemento” vía urgencia impostergable, adjudicando a dos firmas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó una nueva imputación contra Joaquín Roa, ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), esta vez por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El ex alto funcionario ya estaba imputado desde abril del 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

Este último, por su parte, fue imputado ahora por lesión de confianza, en calidad de cómplice, además de asociación criminal y lavado de dinero, en calidad de coautor.

De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.

La primera fue Transporte de Materiales y Carga para la Construcción, propiedad de Katerine Angélica Ayala Ramos, para la provisión de 70.000 unidades de chapas de fibrocemento por un valor de G. 2.320 millones, mientras que la segunda era Metalsen, de Eduardo Semidei, para 30.000 chapas por valor de G. 990 millones.

Para esto, Roa habría pagado a la primera empresa con dos cheques del Banco Nacional de Fomento (BNF), que fueron librados el 24 de noviembre de ese año, con G. 1.560 millones, y el 27 de diciembre, con G. 624 millones. Ante esto, se registró un perjuicio de alrededor de G. 716 millones.

“Los elementos de sospecha recolectados nos indican que los beneficiarios finales de la presente contratación sería la sociedad conformada por el empresario Alberto Koube y el ministro Roa. (…) Esta adjudicación a Katerine Ayala habría sido realizada de común acuerdo entre Joaquín Roa y Alberto Koube”, señala el documento.

A través de Monumental 1080 AM, Corbeta explicó que Koube incluso era beneficiado de “forma sistemática” con las licitaciones de la SEN, usando sus empresas o de vinculados con él, a fin de desviar los recursos para beneficio propio y de Joaquín Roa.

“No tuvo ninguna ganancia la señora Katherine. En realidad estaban solamente estas dos personas (los procesados). Había muchas licitaciones que fueron adjudicadas a empresas de Alberto Koube”, acotó.

Según el Ministerio Público, Roa también adquirió un yate en el 2018 de la empresa Tapiracuái, propiedad de Alberto Koube. El escándalo terminó costándole el cargo de entonces titular de la Secretaría de Emergencia Nacional.