La Caja Fiscal registra un déficit de G. 607.000 millones
- La Caja Fiscal cierra el primer trimestre con un déficit de G. 607.000 millones, reflejando un desequilibrio del 43% entre ingresos y gastos, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Los aportes de los funcionarios públicos no alcanzan para cubrir las jubilaciones y pensiones, lo que obliga al Tesoro a subsidiar mensualmente con fondos provenientes de impuestos.
- La sostenibilidad del sistema previsional está en riesgo, con más de 79.000 jubilados y apenas tres aportantes por cada beneficiario, una proporción que ya no es suficiente para sostener el fondo.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público, conocida como Caja Fiscal, registró un déficit acumulado de G. 607.666 millones (equivalentes a US$ 76,1 millones al tipo de cambio actual) al término del primer trimestre del año, según los datos actualizados este martes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Este resultado financiero negativo refleja la creciente presión sobre el sistema previsional público, que actualmente no logra cubrir con sus ingresos los pagos mensuales destinados a jubilados y pensionados. En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2025, los ingresos totales de la Caja ascendieron a G. 812.634 millones (US$ 101,8 millones), mientras que los gastos ejecutados superaron los G. 1,42 billones (US$ 177,9 millones), generando así una brecha del 43%.
El detalle mensual del déficit revela la constante insuficiencia de recursos: En enero, el déficit fue de G. 173.350 millones (US$ 21,8 millones), representando un 38% del gasto. En febrero, ascendió a G. 232.517 millones (US$ 29,1 millones), equivalentes al 47%. En marzo, la cifra se ubicó en G. 201.799 millones (US$ 25,2 millones), lo que representa un 43% de déficit mensual.
El sistema actualmente cuenta con 235.253 funcionarios activos que aportan el 16% de sus ingresos a la Caja Fiscal. En contraparte, existen 79.322 jubilados y pensionados, lo que establece una relación de aproximadamente tres aportantes por cada beneficiario. Sin embargo, dicha proporción no es suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
De acuerdo con los datos del MEF, los resultados financieros varían significativamente entre los distintos sectores del funcionariado público: Superávit: Empleados públicos más 13 %. Déficit -_ : Magistrados judiciales – 29 %. Docentes universitarios – 23%. Militares – 73%. Policías -60%. Maestros -51 &
Este desbalance intersectorial obliga a que los sectores superavitarios subsidien parcialmente a los deficitarios, aunque la mayor parte del financiamiento adicional proviene del Tesoro Público, a través de transferencias financiadas con recaudación tributaria de toda la ciudadanía.
En enero pasado, el gobierno de Santiago Peña, a través del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció la intención de presentar un proyecto de ley para reformar la Caja Fiscal durante el 2025. La expectativa oficial era que la iniciativa legislativa obtuviera media sanción antes de fin de año.
No obstante, hasta la fecha, el proyecto no ha sido presentado al Congreso Nacional. Si la discusión se retrasa hacia 2026, coincidirá con el año electoral, lo que podría dificultar aún más su tratamiento parlamentario.
Pese a ello, el gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que podría facilitar una eventual aprobación acelerada, tal como ocurrió con otras leyes promovidas por el Ejecutivo.
La situación actual de la Caja Fiscal revela señales claras de insostenibilidad a mediano y largo plazo, a menos que se implemente una reforma estructural. El creciente número de jubilados, los beneficios desproporcionados en algunos sectores y el uso de fondos públicos para cubrir el déficit colocan una presión significativa sobre las finanzas públicas del país.
