Junta Municipal pone en mira a Opaci y autoescuela

• Durante la última sesión de la Junta Municipal de Coronel Oviedo, estalló una polémica por los costos impuestos por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) para la provisión de insumos y servicios vinculados a la expedición de licencias de conducir.
• Denuncias de corrupción, cobros excesivos y procesos irregulares salieron a la luz, cuestionando la transparencia y eficacia de las normativas actuales.
• La polémica puso en evidencia un sistema cuestionado por su falta de transparencia, su enfoque recaudador y su impacto en la seguridad vial.

Durante la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de Coronel Oviedo, se generó una controversia en torno a los costos y procedimientos que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) impone para la provisión de insumos y servicios relacionados con la expedición de licencias de conducir.

Según datos compartidos por Fernando Barreto de la dirección de Tránsito de la Municipalidad, la Opaci recauda aproximadamente G. 28.000.000 por cada municipio, lo que representa unos 7.560 millones de guaraníes anuales a nivel país, equivalentes a un millón de dólares, aproximadamente. A pesar de este monto, se cuestionó la capacidad de la Opaci para mantener un sistema informático adecuado.

“Aproximadamente 3.500 nuevas licencias fue ese el aproximado el año pasado. Desde el año 2022 tenemos aproximadamente una cantidad de 10.000 licencias expedidas”, indicó Barreto, asegurando que inscriptos, en consecuencia, existen más de 15.000.

Para obtener una licencia por primera vez se requiere presentar dos copias de la cédula de identidad, un certificado de vida y residencia, un certificado del grupo sanguíneo y una certificación de conducción con evaluación psicofísica emitida por autoescuelas habilitadas por el municipio. En Coronel Oviedo, existen dos autoescuelas habilitadas: Dos Ruedas y Ceteco.

El tema, que despertó intensos debates, involucra denuncias de irregularidades, cobros adicionales y cuestionamientos a la transparencia de los procesos. Entre ellas, la de un ciudadano que denunció prácticas irregulares en la expedición de licencias de conducir, narrando su experiencia ocurrida en 2019.

Según su testimonio, al acudir a la Municipalidad, recibió ayuda de los funcionarios “facilitadores” para completar el examen teórico de selección múltiple, quienes le proporcionaron directamente las respuestas correctas. “Me imprimieron el examen y me dijeron A, B, C, B, B, C, B, C, así me dijeron todo”, relató en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol.

Este proceso, que debería durar 45 días según las normativas, se completó en tan solo 15 minutos en el autoescuela “Ceteco”. El denunciante también relató que pagó G. 50.000 por el certificado en la escuela de conducción, sin que se le realizara una evaluación práctica de manejo.

Además, se le exigió realizar el examen de vista y oído en una clínica privada, pese a que estos servicios son gratuitos en el hospital regional. “No me dijeron en el hospital, me dijeron acá a la vuelta te vas y te vas a hacer tu vista y oído. Estaba por los G. 70.000, 80.000”, afirmó. Consultado sobre el examen en sí, respondió que ni siquiera le tomaron la prueba, directamente le hicieron el certificado. “Es negociado”, sentenció.

La concejal Rosana Bogado se sumó al debate, señalando directamente a OPACI como responsable de la imposición de normativas que obligan a los ciudadanos a recurrir a servicios privados para exámenes de vista y oído. “No es la municipalidad la que tiene el antojo de hacer de esa manera. OPACI es un ente recaudador y no vemos que realice un buen beneficio para nuestra ciudadanía”, sostuvo.

Bogado cuestionó los aranceles impuestos por OPACI, incluyendo un nuevo cobro de G. 30.000 por un curso de primeros auxilios, lo cual calificó de innecesario y perjudicial para los contribuyentes. Según la concejal, la municipalidad recibe apenas entre G. 55.000 y 65.000 por cada licencia expedida, un monto que considera insuficiente dada la cantidad de recursos que la ciudad podría destinar a otras áreas como salud y educación.

Además, la concejal destacó que muchas autoescuelas no tienen la infraestructura adecuada para brindar la capacitación requerida, como por ejemplo para el manejo de camiones pesados. “Eso es totalmente categórico (que no tienen camión), eso jutamente es lo que estamos reclamando. Se hacen las solicitudes y al instante prácticamente entregan el certificado al conductor”, afirmó, sugiriendo que este vacío en la formación contribuye al caos en el tránsito de la ciudad.

Bogado también denunció la falta de transparencia en la designación de instituciones autorizadas para expedir certificados de vista y oído. “Llama poderosamente la atención que solo en un mismo lugar se pueda hacer todo eso”, indicó, sugiriendo una posible colusión entre OPACI y ciertos establecimientos privados.

Por su parte, el concejal Armando Riveros criticó la reducción del tiempo requerido para obtener una licencia de conducir, que pasó de 45 a solo cinco días. Riveros planteó que el sistema actual prioriza la recaudación sobre la seguridad vial y el aprendizaje efectivo de los conductores, sugiriendo que el verdadero objetivo debería ser capacitar a los conductores antes de expedirles una licencia.

“La gente sale ahí con el papel pero no sale con el conocimiento la ciencia tenía que ser el conocimiento y después la documentación y cobrar ese servicio. Se tiene que cobrar por ese servicio y la gente tiene que salir capacitada por todas las cosas. El papel a nosotros no nos sirve como un documento respaldatorio pero hasta ahí. La esencia es que aprenda que conozca donde puede estacionar cuáles son las normativas de tránsito, esa es la esencia”, lamentó.

El concejal también instó a una auditoría de las autoescuelas por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, asegurando que desde la Junta Municipal se promoverán medidas para abordar esta problemática. “Vamos a darles la oportunidad de defenderse bajo estas denuncias ciudadanas“, garantizó.

La controversia se extiende más allá de la administración local, alcanzando a los niveles legislativos nacionales. La influencia de ciertos líderes políticos en OPACI, como el actual presidente del Congreso, Bacilio “Bachi” Núñez, impide que se tomen medidas efectivas para reformar la situación.