Junta Municipal de Villarrica rechaza balance 2024 de Magín Benítez por graves irregularidades
- La Junta Municipal de Villarrica rechazó la ejecución presupuestaria 2024 por graves irregularidades.
- Más de G. 6.700 millones fueron ejecutados sin contratos, facturas ni informes técnicos.
- Solicitan intervención de la Contraloría y el Ministerio Público por posibles hechos punibles.
La Junta Municipal de Villarrica resolvió por mayoría rechazar la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2024 presentada por el intendente Magín Benítez, tras detectar una larga lista de irregularidades que comprometen la transparencia en el uso de los recursos públicos. El dictamen fue elaborado por las comisiones de Hacienda y Legislación, con el respaldo técnico del asesor contable Gerardo Gavilán, quien alertó sobre inconsistencias que van desde pagos sin respaldo documental hasta obras ejecutadas sin informes técnicos ni contratos. “No existe sustento legal ni administrativo para justificar el uso de estos fondos”, advirtió el profesional durante la presentación ante el pleno.
Uno de los puntos más graves es el pago de G. 317.820.472 por supuestos servicios y gastos de mercado que no cuentan con documentos exigidos por la Contraloría General de la República, como facturas, contratos, órdenes de pago ni certificaciones de cumplimiento. En la misma línea, se reporta una ejecución de G. 6.744.772.127 en obras del Terminal de Ómnibus sin ningún contrato ni informe técnico que valide su ejecución. La situación se agrava con el gasto de G. 279.173.972 en combustibles, ejecutado sin registro institucional ni autorizaciones, y otros G. 266.155.000 transferidos a instituciones privadas sin actas ni facturas.
El dictamen también cuestiona la decisión del Ejecutivo municipal de delegar la fiscalización de obras a concejales, en vez de técnicos competentes, lo que constituye una práctica expresamente prohibida. “No se puede reemplazar el control técnico con decisiones políticas sin caer en irregularidades graves”, señaló uno de los concejales durante el debate. En ese contexto, la Junta decidió remitir todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, considerando que podrían configurarse hechos punibles como “malversación de fondos, lesión de confianza y administración en provecho propio”.
El rechazo de la ejecución presupuestaria profundiza la crisis institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo municipal, y abre la puerta a eventuales pedidos de intervención en la administración de Magín Benítez, cuya gestión queda severamente cuestionada no solo desde lo político, sino también desde lo legal y ético.
