Juez defiende allanamiento que culminó con la muerte de Eulalio Gomes

• El juez Osmar Legal justificó el allanamiento nocturno que resultó en la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, destacando que la operación se enmarcó en una investigación sobre crimen organizado.
• Pese a los cuestionamientos por el uso de la fuerza y la inmunidad parlamentaria del legislador, Legal argumentó que la medida era necesaria para evitar la destrucción de pruebas clave.
• El magistrado afirmó que el Ministerio Público estaba plenamente consciente de la identidad del legislador.

El juez Osmar Legal justificó la legalidad del operativo que resultó en la muerte del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, en medio de cuestionamientos sobre la actuación de los fiscales y agentes policiales, dado que el fallecido gozaba de inmunidad parlamentaria.

Legal se pronunció por primera vez sobre el incidente que terminó con la muerte del diputado Eulalio Gomes, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad en su residencia en Pedro Juan Caballero.

Ante las críticas sobre la orden de allanamiento ejecutada en la casa de un legislador durante horas de la madrugada, Legal explicó que el caso involucraba una investigación sobre crimen organizado, en la cual el Ministerio Público había imputado al diputado por lavado de dinero y asociación criminal.

“Es necesario habilitar este tipo de disposiciones cuando la ley lo permite y, como ya hemos mencionado, tratándose de un hecho punible grave relacionado con la criminalidad organizada, es legítimo ordenar este tipo de medidas”, afirmó el juez a los medios de prensa capitalinos.

Asimismo, aclaró que el Ministerio Público estaba plenamente consciente de que se trataba de la residencia de un parlamentario y que las personas a cargo del operativo también lo sabían. “Aunque no todos los agentes involucrados fueron informados, las autoridades principales sabían que se trataba de un legislador”, agregó.

El Juzgado del Segundo Turno Especializado en Crimen Organizado de Asunción, bajo la dirección de Legal, emitió la orden para el procedimiento el viernes pasado. Sin embargo, la imputación del Ministerio Público fue presentada oficialmente a las 06:00 del lunes siguiente.

“Es fundamental evitar la filtración de este tipo de resoluciones y de los operativos que se llevan a cabo”, subrayó el juez.

Temor a la destrucción de pruebas

El juez Legal también justificó el allanamiento en la casa de Gomes, argumentando que “la inmunidad de los legisladores es personal y no se extiende a sus bienes”. “El propósito de este operativo no era arrestar al legislador, sino recolectar la mayor cantidad de pruebas para continuar con la investigación del Ministerio Público”, explicó.

Además, citó el artículo 188 del Código Procesal Penal para respaldar la ejecución del allanamiento durante la noche. “Debemos comprender que se trata de un caso de crimen organizado. No se pueden anunciar los allanamientos porque existe un riesgo constante de destrucción de pruebas. La sorpresa es una herramienta esencial para el Ministerio Público en la obtención de evidencias”, argumentó.

Durante el operativo, se buscaba incautar dispositivos electrónicos y documentos, por lo que, según el juez, “avisar previamente podría haber resultado en su destrucción”.

Legal también instó a considerar el contexto y las acusaciones que el Ministerio Público formuló contra Gomes y los demás implicados, mencionando “posibles vínculos con el PCC, Comando Vermelho, Cabeza Branca y Jarvis Chimenes Pavão”.

Por otro lado, el juez explicó que el embargo y bloqueo de las cuentas de Lalo Gomes tenía como objetivo evitar la fuga de bienes. “En el comercio moderno, es común que las cuentas sean compartidas, lo que permite a un firmante retirar fondos. Para prevenir esta situación, el juzgado ordenó la medida cautelar”, detalló.

Solicitud de suspensión ante el JEM

Legal también se refirió a la solicitud de suspensión presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra él y los fiscales intervinientes, anunciada por el diputado Orlando Arévalo.

“Estamos acostumbrados a que se planteen este tipo de discusiones, y en un Estado de derecho, todos estamos sujetos a ser fiscalizados”, señaló el juez. No obstante, expresó su confianza en que “todas las decisiones tomadas desde la judicatura están en plena conformidad con la ley”.

Finalmente, sin intención de “responsabilizar a nadie”, Legal subrayó que el “operativo está fuera del control jurisdiccional”.